Venta de tierras: oposición busca restituir el límite del 15% para extranjeros

La venta de tierras rurales a extranjeros ha vuelto a ser un tema central en el Congreso, tras la presentación de un proyecto por parte de senadores de la oposición que busca restituir la plena vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011. Esta norma establecía un límite del 15% de titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales.

La iniciativa, que cuenta con las firmas de los senadores José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino, propone derogar el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que dejó sin efecto la Ley de Tierras Rurales. La presentación se produce luego de que la Corte Suprema revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional dicho artículo, aunque el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación.

La Ley 26.737, sancionada el 22 de diciembre de 2011, tenía como objetivo regular la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros, estableciendo un límite del 15% a nivel nacional y provincial. Además, se prohibía que personas de una misma nacionalidad superaran el 30% de ese cupo y se limitaba la posesión a 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

En los fundamentos del proyecto, los senadores argumentan que “el suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional”. Aseguran que la ley no proscribía la inversión extranjera productiva, sino que fijaba límites razonables sobre la cantidad y concentración de tierras.

La disputa judicial se había originado tras la derogación de la Ley 26.737 por el DNU 70/2023. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional esa disposición, pero la Corte Suprema revocó esa sentencia al considerar que la organización que promovió la demanda carecía de legitimación. Así, la derogación de la Ley de Tierras Rurales volvió a estar vigente.

El proyecto presentado en el Senado deberá atravesar el procedimiento parlamentario para avanzar hacia una eventual sanción. Actualmente, el DNU 70/2023 ya fue rechazado por el Senado, mientras que su tratamiento integral continúa pendiente en la Cámara de Diputados.