José Armando Urioste es nombrado fiscal interino de Bolivia

José Armando Urioste Viera fue designado como fiscal general del Estado interino por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, tras una jornada de cinco votaciones fallidas y en medio de la crisis provocada por la detención de Roger Mariaca. Urioste asumirá el cargo por un período de 90 días, durante el cual el Legislativo deberá completar el proceso para elegir al sucesor definitivo, que tendrá un mandato de seis años.

La sesión legislativa se extendió hasta la madrugada, sin que ninguno de los postulantes iniciales lograra la mayoría de dos tercios requerida. Entre los candidatos estaban Gonzalo Flores Céspedes, Julio Ariel Coronado y William Herrera Áñez. A las 05:26, mientras continuaba el desacuerdo, se solicitó “un poquito de paciencia” para intentar alcanzar un consenso. Quince minutos después de las 06:00, se reinició la sesión con Urioste como único candidato, siendo elegido casi de inmediato mediante votación por signos.

La designación interina se produjo después de que la Asamblea votara, antes de la medianoche del viernes 2 de octubre, la “suspensión inmediata” de Mariaca. La jornada legislativa comenzó a las 10:30 con una exposición del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre el operativo que derivó en la aprehensión del fiscal general. En este procedimiento también fueron detenidos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior, Martín Irusta; y el mayor de Policía, Rubén Aparicio.

Urioste Viera es licenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales, diplomado en Derecho Civil y Educación Superior, y magíster en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Su trayectoria incluye funciones como secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y del Tribunal Agrario Nacional, así como juez de instrucción y juez público civil y comercial por más de 11 años. También fue decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y docente en varias universidades.

La detención de Mariaca se produjo en el contexto de acusaciones de liderar una supuesta organización criminal vinculada al narcotráfico. El Gobierno de Rodrigo Paz le atribuye delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas, señalando como antecedente central la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset durante un operativo policial en 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz.

Antes de su detención, Mariaca había dirigido la Fiscalía departamental de Santa Cruz durante cuatro años, recibiendo críticas por su manejo de investigaciones de alto impacto público. Dos días antes de su arresto, Estados Unidos revocó su visado por supuesta corrupción, incluyéndolo en una lista de altos cargos acusados de socavar gobiernos democráticos. Mariaca rechazó las acusaciones y denunció un intento de interferir en la labor del Ministerio Público.

Tras su aprehensión, Luis Montaño asumió provisionalmente la conducción de la Fiscalía General, pero el Gobierno desconoció esa designación, argumentando que el Legislativo debía definir una conducción transitoria. La elección de Urioste se produjo en medio de esta disputa sobre la continuidad institucional de la Fiscalía. El Departamento de Estado de Estados Unidos y los países de la coalición “Escudo de las Américas” respaldaron al Gobierno de Paz y pidieron que continuaran las investigaciones contra las presuntas redes de protección al narcotráfico.