Facundo Moyano fue imputado por desobediencia por un presunto encuentro con Candela Arizaga

El sindicalista y exdiputado Facundo Moyano ha sido imputado por el delito de desobediencia, tras la sospecha de que habría mantenido un encuentro con su exnovia, Candela Arizaga, a pesar de las restricciones judiciales vigentes en su contra.

La fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar con la imputación por el presunto incumplimiento de las medidas restrictivas. Esta decisión se conoció después de que un informe indicara que no había sido posible reconstruir la escena del supuesto encuentro entre ambos mediante fuentes abiertas.

La denuncia sobre el posible acercamiento apuntó al Aira Apart Hotel Buenos Aires, donde se sospecha que Moyano y Arizaga se habrían visto anteriormente. Un eventual encuentro en este establecimiento podría representar un incumplimiento de las restricciones impuestas a Moyano y derivar en consecuencias sobre su situación judicial.

Según la investigación, Moyano ingresó al hotel el 31 de agosto, permaneciendo en la habitación 603 hasta el 11 de septiembre. El 15 de septiembre, integrantes del Ministerio Público Fiscal, acompañados por personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad, se presentaron en el hotel para investigar el caso.

Durante el procedimiento, una empleada entregó voluntariamente el DVR del establecimiento para que los investigadores pudieran analizar las grabaciones. Sin embargo, los elementos obtenidos no mostraron registros que confirmaran la presencia de Arizaga en el hotel durante el tiempo que Moyano estuvo alojado allí.

A pesar de la falta de pruebas directas, la fiscalía sostiene que cuenta con otros elementos suficientes para imputar a Moyano por desobediencia. En el marco de la causa, Moyano también enfrenta acusaciones de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, con Arizaga como damnificada. Su abogado defensor, Miguel Molina, ha solicitado el levantamiento de las restricciones que pesan sobre su cliente y que se garantice su derecho a ser oído antes de cualquier decisión sobre su situación.