Diputado libertario defendió su visita a detenidos por la dictadura

Durante el cierre del plenario en Diputados que debatía el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional", el diputado entrerriano Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) abordó el tema de la última dictadura militar. En 2024, Benedit organizó una visita a detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que generó controversia en el ámbito legislativo.

Al ser cuestionado sobre su visita, Benedit desmintió haber visitado a genocidas, afirmando que "se ha instalado en el país la palabra genocidio en un país en el que, hasta donde yo sé, no hay ningún ciudadano procesado, y menos condenado, por genocidio". Sin embargo, mantuvo su postura alineada con los autores del Golpe de Estado de 1976, señalando que "hubo un plan de las fuerzas contrarias que combatieron, que fueron las fuerzas subversivas terroristas".

En defensa de su visita a la unidad federal de Ezeiza, donde se fotografió con detenidos como Alfredo Astiz, Benedit argumentó: "En este país, donde la mayoría son creyentes y gente de fe, es una buena costumbre acompañar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados". Su intervención fue interrumpida por Germán Martínez (Unión por la Patria), quien instó a su bloque a abandonar la sala, a lo que Benedit respondió desafiándolo.

El presidente del plenario, Carlos Zapata, tuvo que intervenir para que Benedit se ajustara al temario, cerrando finalmente su micrófono y dando por terminado el encuentro. Benedit concluyó fuera del micrófono: "Me cansé de no decir nada".

A pesar de que Benedit sostiene que no se apela a la figura de genocidio en Argentina, desde 2006 la Justicia penal ha reconocido un plan sistemático de exterminio contra un grupo nacional específico, estableciendo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

La visita de los diputados de La Libertad Avanza al Complejo Penitenciario de Ezeiza, que incluyó a Benedit y otros cinco legisladores, fue denunciada ante la justicia federal por el juez Daniel Obligado. Sin embargo, en julio de 2025, el fiscal Sergio Mola determinó que no había elementos para avanzar en imputaciones, archivando la investigación. En 2024, también fracasó un intento legislativo por investigar el hecho.