Denunciaron a Alejandra Monteoliva por discriminación e incitación a la violencia

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfrenta una denuncia penal por presunta discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La denuncia surge a raíz de un posteo en la red social X, donde compartió imágenes de disturbios junto con la frase: “Así los universitarios reclaman sus derechos”. Este mensaje fue publicado el 15 de octubre de 2026, en el contexto de la reciente marcha federal universitaria.

Los denunciantes, abogados de la agrupación Reset Republicano, argumentan que el mensaje de Monteoliva no solo critica incidentes puntuales, sino que estigmatiza a toda la comunidad universitaria. En su presentación ante los tribunales federales de Comodoro Py, cuestionaron que la ministra asociara el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas con episodios de violencia protagonizados por personas no identificadas.

En el escrito, los abogados sostienen que la funcionaria vinculó de manera “generalizada, arbitraria y temeraria” el reclamo por el presupuesto educativo con “la delincuencia y la violencia”. En particular, criticaron el uso de la expresión “Así los universitarios”, que, según ellos, despoja de individualidad a los autores de cualquier desmán e imputa una conducta criminal a la totalidad del colectivo estudiantil, docente y no docente de las universidades públicas del país.

Los delitos que se le atribuyen a la ministra incluyen la posible violación del artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el artículo 212 del Código Penal, que contempla la incitación a la violencia colectiva, y el artículo 248, que se refiere al abuso de autoridad y al incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los denunciantes argumentan que el mensaje, difundido desde una posición de poder institucional, podría generar un riesgo para el colectivo universitario.

La denuncia también invoca jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los funcionarios públicos deben actuar con especial cuidado al emitir declaraciones que puedan afectar a grupos sociales, especialmente en contextos de conflicto. Los denunciantes afirman que la imputación genérica de hechos violentos a un colectivo, sin identificar a sus responsables, “tensiona la presunción de inocencia” y puede contribuir a la estigmatización de quienes ejercen legítimamente un derecho.

Además, el escrito critica la conducta de Monteoliva a la luz de las normas de ética pública, citando la Ley 25.188 y el Código de Ética de la Función Pública, que establecen pautas de prudencia, legalidad, veracidad e igualdad de trato para quienes ejercen cargos estatales. Los abogados pidieron que se preserve la evidencia digital del posteo y que se certifique la dirección URL mediante una constatación notarial o un peritaje informático.

Finalmente, solicitaron que se reconozca su carácter de víctimas según la Ley 27.372 y que se ordenen medidas urgentes para evitar la eliminación o alteración de los registros digitales. La denuncia fue asignada al juzgado federal 2, a cargo de Sebastián Ramos.