Debate en Diputados sobre Soberanía Nacional culmina en escándalo

El debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de "Defensa de Soberanía Nacional", presentado por Javier Milei, concluyó en un clima de tensión y enfrentamientos entre los bloques de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. La propuesta, que busca fortalecer el reclamo por la soberanía de Malvinas, generó un cruce de insultos y conflictos que llevaron a apagar la transmisión oficial.

El Ejecutivo nacional tiene la intención de llevar el proyecto a sesión el 21 de octubre, aunque hay voces que sugieren desdoblar su redacción. Se propone separar los primeros 41 artículos, que se centran en las islas, de los restantes 92, que abordan temas de seguridad nacional.

Durante más de cinco horas de debate, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal estuvo marcado por la conflictividad. Los cruces entre los diputados se intensificaron, especialmente entre Agustina Propato (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza), quienes se enfrentaron por los cortes de micrófono y las interrupciones durante las intervenciones.

En medio de la confusión, Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) susurró a Myriam Bregman (Frente de Izquierda), lo que provocó quejas y un exabrupto de Juan Grabois (Unión por la Patria), quien confrontó a Guzmán. Además, Javier Andrade (Unión por la Patria) tuvo un altercado con un personal de guardia, alegando que fue amenazado.

El plenario se levantó tras un intercambio de insultos, donde Grabois calificó de "facho de mierda" a Zapata después de que este le cortara el micrófono. Agustina Propato, en un gesto de protesta, mostró una bandera del CECIM durante la sesión.

El proyecto de "Defensa de Soberanía Nacional" incluye propuestas como condenas de hasta 12 años de prisión para quienes se vinculen con organizaciones o Estados extranjeros que busquen alterar procesos electorales, promover actos de violencia o manipular la opinión pública. También se plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con funciones judiciales y legislativas, encabezado por el Presidente, y la reglamentación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), que podría incluir personas bajo sospecha razonable, con la UIF como órgano rector.