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Chile: parlamentarios oficialistas piden la salida del ministro de Justicia por rebaja de condenas a pederastas
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta críticas por rebajas de condenas a pederastas y violadores de derechos humanos, mientras un 77% desaprueba su gestión.
El ministro de Justicia de Chile, Fernando Rabat, enfrenta una creciente presión para renunciar tras la decisión de su cartera de rebajar las condenas a 56 pederastas entre marzo y septiembre de este año. Esta medida se justificó con criterios previos de la Corte Suprema, pero ha generado un fuerte rechazo en la sociedad y en el ámbito político.
Además, se reveló que también se redujeron las condenas de tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes extranjeros vinculados al Tren de Aragua, muchos de los cuales han quedado en libertad. A pesar de que el presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad y decidió mantener a Rabat en su cargo, las críticas han sido constantes.
Desde la oposición se está preparando una acusación constitucional en su contra, mientras que varios miembros del oficialismo también han solicitado su renuncia. Entre ellos, se encuentran figuras como la excandidata presidencial Evelyn Matthei, los senadores Rojo Edwards y Enrique van Rysselberghe, y el diputado Diego Schalper. Este martes, los diputados Eduardo Durán, Omar Sabat y Marlene Pérez se unieron a las voces que piden su salida, argumentando que su permanencia en el cargo genera consecuencias políticas negativas para el Gobierno.
Durán, en particular, instó a Rabat a alejarse del cargo “por el bien del país”, aunque aclaró que sigue apoyando la administración de Kast. Por su parte, Sabat calificó la situación como un “error garrafal” y advirtió sobre los peligros que representa la liberación anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores. Pérez, también, enfatizó que la lealtad debe estar con las víctimas, en este caso, los niños.
A pesar de las críticas, el vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, reafirmó el respaldo del presidente Kast hacia Rabat, afirmando que “no ha cometido ningún hecho ni ilegal ni inconstitucional”.
La controversia ha tenido un impacto significativo en la opinión pública. Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, un 77% de los encuestados desaprueba la gestión de Rabat, mientras que solo un 12% la evalúa positivamente. Además, un 64% de los encuestados se opone a la decisión de Kast de mantenerlo en el gabinete.
La encuesta también reveló que un 94% de los encuestados está en desacuerdo con las rebajas de condena, y un 79% considera que Rabat no estaba obligado a firmar los decretos que permitieron estas reducciones. En cuanto a las medidas a adoptar, un 65% prioriza impedir nuevas reducciones de penas, y un 54% aboga por buscar alternativas legales para revertir los beneficios ya concedidos. Asimismo, un 79% de los entrevistados cree que es necesario modificar la Constitución para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
Fuente: Infobae