Virginia Gallardo presentó un proyecto para impedir la prescripción de delitos con prisión perpetua

El gobierno nacional avanza en su intención de enviar al Congreso proyectos relacionados con la violencia y la inseguridad, como parte de su estrategia para la campaña de 2027. En este contexto, la diputada de LLA por Corrientes, Virginia Gallardo, presentó un proyecto de ley que propone una reforma parcial del Código Penal argentino.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de diputadas de LLA, la UCR, Tucumán y San Juan, se centra en tres ejes: la eliminación de la prescripción para delitos sancionados con prisión perpetua, la actualización de plazos procesales y un endurecimiento de las penas por abuso sexual. La propuesta modifica el artículo 62 del Código Penal e incorpora un nuevo artículo 62 bis, estableciendo que la acción penal no prescriba en casos de delitos con la pena más grave del sistema.

Además, se incorpora el artículo 65 bis y se modifica el artículo 65 para que tampoco prescriba la ejecución de la pena en estos casos. Esta es la tercera iniciativa presentada por Gallardo desde su asunción en diciembre del año pasado, tras la declaración de la emergencia hídrica en su provincia y otra relacionada con los premios Martín Fierro.

El texto del proyecto señala que actualmente las penas perpetuas prescriben a los 20 años, lo que puede llevar a que una sentencia firme quede sin posibilidad de ejecución por el solo transcurso del tiempo. Las autoras argumentan que esta situación es “incoherente” para los delitos más graves, y citan un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que corresponde al legislador nacional determinar el régimen de prescripción.

La reforma también modifica los plazos generales de prescripción de la acción penal, aumentando el límite máximo para delitos reprimidos con prisión temporal de 12 a 15 años, y extendiendo el plazo para hechos sancionados solo con inhabilitación temporal de uno a tres años. Además, se reordena el artículo 67 del Código Penal, que reúne las causales de suspensión e interrupción de la prescripción, incorporando un nuevo artículo 67 bis exclusivo para las causales de interrupción.

En cuanto a los delitos de abuso sexual, la reforma eleva los máximos de las escalas penales correspondientes y amplía las penas para los supuestos agravados. Se incorpora al “apoyo designado judicialmente” como nuevo sujeto agravante, y se eliminan las referencias a la pena de reclusión, que se reemplaza por la denominación única de prisión.

Según el texto difundido, la reforma busca fortalecer la coherencia interna del Código Penal y asegurar una respuesta estatal efectiva frente a los hechos de mayor gravedad, proporcionando reglas más claras para la actuación de jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia, sin alterar las garantías del proceso penal.