Senadores del PJ díscolo firman dictamen de minoría sobre salud mental

La falta de un par de firmas en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado impidió, el jueves pasado, acelerar una nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Sin embargo, esta tarde, tres ex kirchneristas presentaron un texto que se convirtió en dictamen de minoría, permitiendo que La Libertad Avanza obtenga el despacho de mayoría y la posibilidad de llevar el tema a una potencial sesión la próxima semana.

A pesar de esta buena noticia para los libertarios, la disidencia de varios dialoguistas podría complicar la obtención de votos, lo que genera incertidumbre sobre un acuerdo cerrado. Las firmas que permitieron generar la orden del día fueron las de los justicialistas de Convicción Federal: Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Andrada advirtió sobre los recursos que implicaría una nueva ley, preocupación que comparten algunos aliados.

El texto del oficialismo y los dialoguistas prioriza a médicos, especialmente psiquiatras, sobre psicólogos en la toma de decisiones delicadas. Las internaciones involuntarias deberán ser notificadas a un juez, aunque este no tendrá injerencia en la acción. Además, se revalida la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento.

Entre las novedades, se ampliará el concepto de adicciones, incluyendo la ludopatía, y se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes. También se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y se prohibirán las prácticas de manicomios. Se establecerá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, así como directivas claras de prevención en salud mental.

Todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro punto conflictivo fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones, lo que implica un apoyo económico que también reclama Convicción Federal.

La iniciativa limitará la intervención de familiares a padres o hijos, manteniendo a los representantes legales, cónyuges y convivientes. En caso de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos, se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. Las internaciones en unidades de adultos estarán restringidas a situaciones de imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

Finalmente, se restituirá un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilitará el derecho a consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada, designando personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo, salvo en casos de riesgo grave para la vida.

Por otro lado, un plenario de las comisiones de Legislación General y de Población de la Cámara alta buscó congeniar, sin éxito, dos proyectos relacionados con la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Ante las diferencias entre los articulados del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y la filo radical Edith Terenzi (Chubut), se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, con el fin de llegar a un documento consensuado.