Se habilitará una plataforma digital para iniciativas legislativas populares

La Cámara Nacional Electoral ha aprobado la implementación de una Plataforma Digital para Iniciativas Legislativas Populares, que permitirá recolectar adhesiones ciudadanas mediante firma electrónica, en el marco de la Ley 24.747. Esta norma, sancionada en 1996, reglamenta el artículo 39 de la Constitución Nacional reformada.

La nueva herramienta estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel. La decisión fue formalizada a través de una acordada extraordinaria firmada por las máximas autoridades de la CNE.

La implementación de esta plataforma se basa en una experiencia piloto autorizada por el Tribunal en mayo de 2026, que demostró la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento suscripto, garantizando la autenticidad de las firmas y la integridad de los documentos.

La plataforma será administrada y operada por la propia Cámara, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también se encargará del seguimiento técnico y el control de los estándares de seguridad. Los promotores de iniciativas que deseen utilizarla deberán solicitar su habilitación sin costo alguno.

La iniciativa popular es un mecanismo de democracia semidirecta que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, representando una ampliación del ejercicio de la participación política.

La Ley 24.747 establece que para ejercer el derecho de iniciativa popular, se debe recolectar firmas de al menos el 1.5% del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales, representativas de al menos seis distritos electorales. La justicia nacional electoral verificará la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a veinte días.

La CNE ha manifestado su compromiso con la modernización de los procedimientos, adaptando las actuaciones tradicionales a soluciones tecnológicas que simplifican la actividad, sin afectar la validez de los actos jurídicos. Esta política de innovación tecnológica busca fortalecer los valores democráticos y se apoya en experiencias exitosas de otros países que han implementado plataformas digitales para la recolección de firmas.