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    Nación.Prisión domiciliaria

    Prisión domiciliaria por salud: la Corte aprobó un protocolo médico para evaluar a los presos federales

    La Corte aprobó un protocolo que establece criterios médicos para evaluar la prisión domiciliaria por salud de detenidos en cárceles federales, dejando la decisión final a los jueces.

    2 min de lectura

    Corte Suprema de Justicia de la Nación
    Foto: Ámbito

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aprobado un protocolo que unifica los criterios médicos para evaluar los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud de personas detenidas en cárceles federales. Esta medida, formalizada en la Resolución 2867/2026, fue publicada en el Boletín Oficial y lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

    El protocolo, elaborado por el Cuerpo Médico Forense, busca que los informes periciales se realicen con criterios científicos homogéneos y comparables entre casos, proporcionando así una guía a los jueces que deben tomar decisiones sobre cuestiones médicas fuera de su formación. Este protocolo se aplica a condenados y procesados mayores de 18 años alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y contempla tres supuestos específicos: cuando la cárcel impide al interno recuperarse o tratar su enfermedad, cuando padece una enfermedad incurable en período terminal con un pronóstico de vida de aproximadamente seis meses, y cuando tiene una discapacidad que hace que la detención sea inadecuada o implique un trato indigno.

    Los mayores de 70 años, las embarazadas y las madres de niños pequeños quedan excluidos de esta evaluación, a menos que se presente alguna de las situaciones de salud mencionadas. Para cada caso, el examen se organiza en dos ejes: la evaluación médica, odontológica y de salud mental, que debe ser presencial, aunque se permite la entrevista telemática con un médico presente, y la verificación de si el tratamiento indicado puede realizarse efectivamente en la cárcel donde está alojado el detenido.

    El protocolo establece que “la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”, por lo que los peritos deberán constatar el funcionamiento real del servicio de salud para cada detenido, incluyendo aspectos como la cobertura médica nocturna y los fines de semana, la entrega de medicación, el cumplimiento de la dieta y la presencia de rampas y ascensores.

    Las autoridades penitenciarias deberán completar un formulario con carácter de declaración institucional, que será contrastado con la historia clínica y los informes de la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General y los hábeas corpus colectivos vigentes. Además, el protocolo reconoce que ningún dispositivo del SPF alcanza la alta complejidad, por lo que tratamientos como terapia intensiva, cirugía, unidad coronaria o hemodiálisis solo se resolverán mediante derivaciones a hospitales externos.

    Las conclusiones de cada pericia se clasificarán en cinco categorías, que van desde un tratamiento realizable en la unidad hasta uno que no puede llevarse a cabo en ningún ámbito penitenciario. También se prevé una categoría para los casos en que la información disponible no sea suficiente para concluir, como cuando el SPF no envía la documentación requerida. Es importante destacar que estas categorías no constituyen recomendaciones sobre la procedencia de la prisión domiciliaria, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a los jueces.

    El protocolo también aclara que no todos los exámenes deben ser realizados por el Cuerpo Médico Forense; cualquier profesional designado por un tribunal deberá ajustarse a este estándar. La resolución ordenó comunicar el protocolo a las cámaras con competencia penal, a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a los ministerios de Justicia y de Seguridad. Se prevé una primera revisión en seis meses y actualizaciones anuales.

    Fuente: Ámbito

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