Presupuesto 2027: los aliados presionan al Gobierno con pedidos que comprometen el déficit cero

El tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 se encuentra demorado debido a la necesidad de alcanzar acuerdos políticos con gobernadores y bloques aliados. Según una fuente de la Mesa Política, "la discusión entró a un limbo por la multiplicidad de pedidos de las provincias y espacios aliados".

Desde su presentación en septiembre, solo se han realizado cuatro reuniones informativas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo esperaba concretar un encuentro el 28 de octubre para firmar el dictamen del proyecto, pero este se suspendió por falta de apoyo de los aliados, especialmente del PRO y la UCR, que endurecieron su postura y exigieron cambios.

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, envió una nota a Martín Menem solicitando la reducción del componente vial del impuesto a los combustibles y la prórroga de los regímenes de promoción automotriz y autopartista. También pidió bajar del 21% al 10,5% el IVA de los huevos y sus derivados, y exigió incluir la coparticipación para la Ciudad, reconociendo una deuda de aproximadamente $628.197 millones.

Recientemente, el bloque amarillo ha indicado que ha habido diálogos con el oficialismo y que se han avanzado en varias solicitudes. Sin embargo, la negociación se complica, ya que "es una sábana corta que no va a contentar a todos", según una fuente cercana al Presidente, quien considera innegociable mantener la meta fiscal.

La Fundación Mediterránea estima que el proyecto presupuestario proyecta un superávit primario de 1,3% del PIB, aunque se basa en supuestos optimistas de crecimiento y aumento de la recaudación. Si estos no se cumplen, el ajuste recaerá sobre un gasto ya limitado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó la política fiscal como la principal ancla del modelo macroeconómico del Gobierno, advirtiendo que "relegar nuestra ancla principal sería un enorme error". Esta declaración responde a los sectores aliados que piden un relajamiento en la política de gasto.

Además, el malestar de Provincias Unidas se ha intensificado por el reciente aumento de subsidios al transporte del AMBA, lo que ha llevado a intendentes, como el cordobés Daniel Passerini, a exigir un trato igualitario en la Comisión de Asuntos Municipales.

Los reclamos incluyen también una revisión del Programa Remediar, que ha reducido drásticamente la cantidad de medicamentos contemplados en el Presupuesto. Sin embargo, no hay optimismo sobre la aceptación de estas demandas por parte del oficialismo.

La situación se complica aún más con la inclusión de partidas para Discapacidad y Financiamiento Universitario en la discusión. Un senador de La Libertad Avanza ha señalado que la negociación está cada vez más compleja y trabada, a la espera de resoluciones políticas.

Ante la restricción del Gobierno de no poder aumentar más partidas presupuestarias, algunos miembros de la Mesa Política consideran que se deberían incrementar los mecanismos para aumentar la recaudación. Un ejemplo de esto es el reciente proyecto de Mercado de Capitales que busca eliminar exenciones del Impuesto a las Ganancias para ciertos instrumentos financieros.

El Ministerio de Economía ha informado que la recaudación tributaria creció apenas un 0,8% anual en octubre, aunque logró mantener un crecimiento durante cuatro meses consecutivos. Sin embargo, los recursos tributarios girados a las provincias apenas aumentaron un 0,1% anual real, lo que refleja un crecimiento limitado en la recaudación general.