Pasaporte dorado: qué hay detrás del programa que ofrece la ciudadanía argentina por USD 350.000

El diputado nacional Martín Lousteau cuestionó el programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias para la política migratoria, los derechos políticos y la compra de tierras rurales. En su intervención en Infobae a la Tarde, Lousteau sostuvo que la nacionalidad no debería convertirse en una transacción económica, alertando sobre los riesgos que la iniciativa podría generar para el pasaporte argentino.

El programa contempla dos alternativas: un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de USD 800.000. Lousteau criticó que la capacidad económica se convierta en una vía para acceder a la nacionalidad, afirmando que "la nación es el lugar donde la solidaridad surge por espontaneidad".

Además, el esquema incluye aportes adicionales para los familiares del solicitante: USD 100.000 para el cónyuge y para cada hijo de entre 18 y 25 años que cumpla con las condiciones, y USD 25.000 por cada hijo menor de edad. Así, una familia de cuatro podría solicitar la ciudadanía por un total de USD 500.000.

Lousteau vinculó el programa con el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía e incorporó una vía de naturalización para extranjeros que acrediten una inversión relevante, sin exigir un plazo mínimo de residencia en el país. Criticó el contraste con la vía ordinaria, que exige dos años de residencia legal y continua, y cuestionó que el dinero permita acceder a una alternativa que no está disponible para quienes deben cumplir los requisitos de residencia.

Otro de sus cuestionamientos se refiere al traslado de la competencia para otorgar la ciudadanía de los juzgados federales a la Dirección Nacional de Migraciones, lo que considera que presenta objeciones constitucionales. Lousteau reclamó que el Congreso rechace la norma, que también enfrenta cuestionamientos judiciales, ya que en junio de 2026, la Cámara Nacional Electoral declaró su nulidad en una causa relacionada.

El Gobierno anunció que recurriría el fallo, mientras que el programa de ciudadanía por inversión fue presentado en octubre con la previsión de comenzar a recibir solicitudes durante el último trimestre del año.

Lousteau advirtió que los programas de ciudadanía por inversión pueden afectar las facilidades de viaje de los países que los implementan, mencionando antecedentes de restricciones aplicadas a ciudadanos de Vanuatu y de países del Caribe, así como el caso de Malta, cuyo programa fue cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Alertó que una eventual revisión de las exenciones de visa podría perjudicar una de las ventajas del pasaporte argentino: la posibilidad de ingresar sin visa a numerosos destinos.

Finalmente, Lousteau criticó la participación de Henley & Partners, una firma internacional especializada en programas de residencia y ciudadanía por inversión que promociona la propuesta argentina, planteando interrogantes sobre los controles aplicados a los solicitantes.

El diputado también advirtió sobre la relación entre el acceso a la ciudadanía por inversión y las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, sugiriendo que obtener la nacionalidad argentina podría modificar la situación jurídica de un inversor frente a determinados límites establecidos para quienes no tienen esa condición. Por ello, reclamó que el Congreso analice el programa no solo por el capital que busca atraer, sino también por sus posibles efectos sobre las reglas que regulan la ciudadanía y la adquisición de tierras en el país.