Malvinas: el Gobierno busca apoyo en Diputados para aprobar un proyecto que endurece las penas por explotar recursos naturales

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas ha cobrado protagonismo en las negociaciones del Gobierno, que se reunió con diputados de distintos bloques para acelerar su tratamiento en el Congreso. La iniciativa propone penas de hasta 20 años de prisión por la explotación no autorizada de recursos naturales y amplía las facultades estatales en materia de seguridad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en el encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y legisladores del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Justicialista (PJ).

El próximo martes 27 de octubre, a las 16 horas, se llevará a cabo un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. En esta reunión, el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para obtener dictamen y avanzar hacia una eventual votación en el recinto.

Sin embargo, la discusión enfrenta dificultades debido a los tiempos parlamentarios. Aunque el miércoles 28 se plantea como una posible fecha para la sesión, aún no hay certeza sobre la posibilidad de reunir las condiciones necesarias para tratar el proyecto. Además, noviembre presenta complicaciones en la agenda legislativa por el debate del Presupuesto y otros compromisos.

Ravier expresó en sus redes sociales: "Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos". También destacó que la iniciativa es una "prioridad para este Gobierno".

Entre los principales cambios propuestos se encuentra el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten o colaboren con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes sin autorización argentina. La iniciativa plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las prohibiciones existentes, que actualmente se centran en actividades vinculadas con hidrocarburos, para incluir recursos naturales renovables y no renovables.

Además, se propone crear un registro público de infractores, donde las personas y empresas incluidas enfrentarían restricciones para operar en Argentina y contratar con organismos estatales o particulares. También se incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos.

Otro aspecto central del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por autoridades de distintas áreas del Poder Ejecutivo, que tendría funciones de coordinación diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia. Este organismo intervendría en la protección de infraestructuras críticas para el país y podría implementar medidas excepcionales ante amenazas graves.

Finalmente, el texto también propone prohibir aportes a partidos y campañas políticas provenientes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, además de incorporar delitos relacionados con espionaje y colaboración con servicios de inteligencia extranjeros. Estas disposiciones están sujetas al debate y eventual aprobación del Congreso.