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La Justicia le puso un límite al ajuste: cumplan la ley y transfieran los fondos a las universidades
La Justicia intimó al Estado Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, actualizando salarios y becas en cinco días.
El juez federal Diego Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado Nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria Nº 27.795. Esta resolución se da bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora.
La cautelar obliga a cumplir dos puntos fundamentales de la ley: la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, así como la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El sector universitario ha reclamado, además, una recomposición del 32,5% por la pérdida salarial acumulada.
La medida cautelar fue dictada originalmente en diciembre de 2025, confirmada en segunda instancia y quedó firme cuando, el 25 de junio de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Estado Nacional. A pesar de esto, el Gobierno promovió recusaciones contra magistrados por su actividad docente universitaria y planteó el apartamiento de integrantes de la Corte, todos los cuales fueron rechazados.
Cormick verificó que “no existe cumplimiento total de la cautelar” y otorgó cinco días para su efectivo cumplimiento. Desde la UCR de la Ciudad se enfatiza que una ley sancionada por el Congreso no puede quedar subordinada a la voluntad política del Poder Ejecutivo.
El Secretario General de la UCR CABA, Juan Loupias, exigió al presidente Javier Milei que cumpla la ley y transfiera los fondos correspondientes, subrayando que desfinanciar la universidad no es ahorrar, sino hipotecar el futuro del país. Loupias destacó que cada docente que abandona su aula, cada investigador que decide irse al exterior y cada estudiante que deja sus estudios representa una pérdida para Argentina.
La universidad pública es vista como una herramienta clave de movilidad social, y defenderla es considerado fundamental para garantizar el derecho de todos los argentinos a estudiar y progresar. La UCR porteña exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con la intimación del juez Cormick sin más dilaciones, reafirmando su compromiso con la educación pública y la autonomía universitaria.
Fuente: Ámbito