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    Nación.Educación inclusiva

    La Corte Suprema ordenó garantizar la educación inclusiva de una adolescente con discapacidad

    La Corte cuestionó a la Justicia de Entre Ríos por rechazar un amparo sin evaluar si la vía administrativa garantizaba una respuesta efectiva para una adolescente con discapacidad.

    3 min de lectura

    Jueces de la Corte Suprema de Justicia
    Foto: Ámbito

    La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había rechazado un amparo presentado por la madre de una adolescente con discapacidad. El amparo reclamaba la garantía de escolarización mediante un Proyecto Pedagógico Individual (PPI).

    El máximo tribunal advirtió que la joven había dejado de asistir a la escuela y cuestionó que los jueces provinciales desestimaran el planteo sin analizar si el trámite administrativo ofrecía una respuesta efectiva. El caso llegó a la Corte tras la presentación de la madre, quien es titular de un certificado de discapacidad, contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE).

    El reclamo de la madre apuntaba a que se ordenara “el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva” y se implementara un proyecto pedagógico que garantizara la continuidad de su trayectoria escolar. En primera instancia, la Justicia hizo lugar al planteo y ordenó elaborar un proyecto pedagógico individual. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano revocó esa decisión, argumentando que ya existía un expediente administrativo en discusión sobre la situación educativa de la adolescente.

    La madre apeló y la Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, le dio la razón, dejando sin efecto la sentencia provincial. Los jueces señalaron que la existencia de un trámite administrativo no era suficiente para cerrar la vía judicial. Rosatti y Rosenkrantz indicaron que el tribunal entrerriano se limitó a mencionar el procedimiento sin examinar si realmente constituía una alternativa útil y efectiva para proteger los derechos de la adolescente.

    En el expediente administrativo, iniciado en abril de 2025, las autoridades educativas ofrecieron a la familia un cambio de trayectoria hacia una escuela integral y la opción de que la joven cursara solo Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología, con un proyecto pedagógico individual y acompañamiento de una maestra. Otra alternativa fue su incorporación a la escuela especial Mayor E. Pastor, pero la madre rechazó estas propuestas, considerándolas insuficientes para garantizar una educación inclusiva acorde a las necesidades de su hija.

    La situación se agravó en mayo de 2025, cuando la adolescente dejó de asistir a la escuela secundaria. En un informe posterior, la Supervisión de Educación Especial cuestionó la negativa de la tutora a aceptar las alternativas educativas presentadas. La madre volvió a intimar al Consejo General de Educación mediante una carta documento del 4 de agosto de 2025, denunciando el incumplimiento de las normas que garantizan el derecho a la educación inclusiva.

    Frente a este escenario, Rosatti y Rosenkrantz fueron contundentes: “La sentencia apelada no brindó razones para comprobar la existencia de otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo” para proteger los derechos constitucionales vulnerados. También remarcaron que los jueces tenían el deber de actuar con rapidez y brindar una respuesta que no quedara atrapada en cuestiones formales.

    Ricardo Lorenzetti, en su voto concurrente, destacó la protección especial que merece el derecho a la educación cuando están involucrados niños, niñas y personas con discapacidad. Recordó que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen el acceso a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación.

    Con esta decisión, la Corte reafirmó la obligación del Estado de garantizar una educación inclusiva efectiva, sin que los procedimientos administrativos se conviertan en un obstáculo para el ejercicio de un derecho fundamental.

    Fuente: Ámbito

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