La Corte Suprema de Paraguay buscará recuperar 40 mil dólares de Ueno Bank por tasas no transferidas

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay ha iniciado acciones para recuperar G. 250.448.960 (aproximadamente USD 40.763) de Ueno Bank. Este monto corresponde a tasas judiciales y registrales que fueron cobradas el 2 y 3 de noviembre, pero que no fueron transferidas al Poder Judicial tras el inicio del procedimiento de resolución de la entidad financiera.

El total se desglosa en G. 248.441.083 (unos USD 40.342) cobrados el 2 de noviembre y G. 2.007.877 (alrededor de USD 326) del día siguiente. Según la Corte, estos recursos debían ser acreditados conforme al contrato firmado con Ueno Bank para el cobro de tasas.

La situación se dio a conocer tras la disposición del Banco Central del Paraguay de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Ante esto, la Corte anunció que recurrirá a las vías competentes para recuperar los fondos no transferidos, y que ejecutará la garantía de fiel cumplimiento prevista en el contrato con el banco si es necesario.

El monto pendiente supera el límite de cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos, que establece una protección de hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y entidad financiera. En este caso, la Corte, como depositante institucional, se encuentra por encima del máximo previsto por la garantía general.

Además, la Ley N.º 7745/2026 permite un anticipo de la garantía, pero la suma máxima que los depositantes pueden acceder no alcanza el total que Ueno Bank debía transferir a la Corte. Por lo tanto, el cobro de tasas judiciales y registrales a través de Ueno Bank permanecerá suspendido.

Los usuarios podrán realizar los pagos en otras entidades habilitadas por el Poder Judicial, como Itaú, Basa, Continental y Sudameris. En medio de esta crisis financiera y política relacionada con Ueno Bank, se ha convocado una sesión extraordinaria del Congreso de Paraguay para tratar la renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de la República, quien afirmó que su decisión busca proteger la estabilidad del país y el funcionamiento de las instituciones democráticas.