La Corte Suprema aclaró su fallo sobre la ley de tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció ante la controversia generada por su sentencia en la causa “Cecim c. el Gobierno Nacional”, que dejó sin efecto una medida cautelar contra el DNU 70/23. Esta decisión, que se basó en la falta de legitimación procesal de la organización que la planteó, resultó en la derogación de la Ley de Tierras que el decreto había dispuesto y que la Justicia había suspendido.

La sentencia desató una ola de críticas hacia el Tribunal, acusándolo de alineamiento político con el Gobierno y de ignorar la voluntad popular. Ante el impacto de estas acusaciones en el discurso público, especialmente en redes sociales, la Corte, compuesta por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, consideró necesario aclarar la situación.

En su comunicado, la Corte enfatizó que “en el caso sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar”, y que esta decisión se ajusta a los precedentes de la Corte. Además, aclaró que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” y que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras puede solicitar una medida cautelar, cuya procedencia será evaluada por un juez competente.

Asimismo, la Corte destacó que los grupos de interés pueden recurrir al reclamo judicial, lo cual es más apropiado en una democracia que promover discursos de odio en redes sociales. También subrayó que no se obstaculiza la función del Congreso en el tratamiento del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024 y que está siendo examinado por la Cámara de Diputados.

Finalmente, la Corte recordó su compromiso con la protección de los recursos naturales y el ambiente, advirtiendo que “la crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”. En relación a la ley de tierras, la Corte aclaró que no ha resuelto la controversia sobre el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737, y que se expedirá sobre estas normas cuando lleguen los reclamos pertinentes, lo que aún no ha ocurrido.