Nación.Registro automotor
Irregularidades por más de $82 millones en registro automotor de Rosario
El ex encargado renunció al iniciar el sumario administrativo y alegó persecución política. El Ejecutivo aclaró que su dimisión no impide acciones en su contra.
El Gobierno nacional ha identificado irregularidades en el manejo de fondos en el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12, que debían ser depositados a favor del Estado nacional. La deuda total asciende a más de 82 millones de pesos.
La Resolución 559/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece que el ex titular del registro, Alejo Uribe Escobar, tenía la responsabilidad de girar estos fondos al Ejecutivo nacional. Uribe Escobar renunció antes de la conclusión del expediente, lo que llevó al Ministerio a registrar en su legajo personal la sanción que habría recibido, que sería la remoción.
El procedimiento se inició mediante la Resolución N° 224/2024 del Ministerio de Justicia, con el objetivo de determinar la responsabilidad del ex funcionario en la falta de depósitos íntegros y oportunos de recaudación que correspondían a la Administración Central. Las irregularidades se centraron en los meses de marzo, abril y mayo de 2024.
La investigación reveló que Uribe Escobar retuvo importes que debían ser transferidos al Estado dentro de los plazos establecidos. La normativa indica que el remanente mensual debe depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre del mes en que fue percibido.
Durante el sumario, se produjeron informes técnicos y se incorporaron diversas pruebas. La renuncia de Uribe Escobar fue aceptada mediante la Resolución N° 310/2024. Sin embargo, el ex funcionario cuestionó la continuidad del expediente, alegando que su renuncia impedía la imposición de sanciones disciplinarias.
El Ministerio rechazó estos planteos, argumentando que la desvinculación del cargo no impedía continuar la investigación, especialmente ante el posible daño patrimonial al Estado. La resolución citó doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, indicando que el registro de la sanción no constituye una medida punitiva, sino una previsión preventiva ante un eventual reingreso a la función.
En sus descargos, Uribe Escobar alegó ser víctima de una “persecución política” y atribuyó la falta de depósitos a problemas económicos del registro. Sin embargo, la investigación concluyó que no se verificó esta hipótesis y que no había un deterioro generalizado que justificara el incumplimiento de las obligaciones de depósito.
La Sindicatura General de la Nación revisó la situación y fijó el daño económico en $82.557.801,47 al 26 de agosto de 2026. Esta cifra fue considerada de relevante significación económica. El Ministerio ha instruido a sus áreas competentes para que impulsen acciones destinadas a recuperar el menoscabo patrimonial, y Uribe Escobar podrá presentar un recurso de reconsideración o un recurso jerárquico en los plazos establecidos.
Fuente: Infobae