Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina

La fiscal federal Paloma Ochoa ha iniciado una investigación para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei utilizaron recursos del Estado para facilitar el ingreso, la permanencia y la posterior salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La principal sospecha se centra en el posible uso irregular de vehículos oficiales, personal, viáticos y otros bienes públicos para asistir al dirigente brasileño.

La investigación busca establecer si existió colaboración desde el Estado argentino, quiénes intervinieron, qué recursos se utilizaron y bajo qué autorización. No solo se indaga cómo Flávio Bolsonaro logró salir del país, sino también si se pusieron a disposición recursos estatales financiados con fondos públicos.

La causa se inició a partir de denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón, y está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Ochoa. Esta última busca determinar si hubo utilización de la estructura estatal para facilitar el traslado del brasileño, lo que podría implicar delitos como peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Un aspecto central de la investigación será reconstruir si hubo coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo y si se destinaron recursos estatales para garantizar los movimientos de Bolsonaro y su familia. Las denuncias también apuntan a establecer si existieron instrucciones políticas para facilitar el operativo o si hubo funcionarios que omitieron deliberadamente los controles correspondientes.

La decisión de avanzar con la investigación se suma a una serie de medidas preliminares dispuestas la semana pasada por la jueza Capuchetti, a pedido de la fiscal Ochoa. En esa ocasión, se ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de los sectores de Migraciones y Aduana, correspondientes a los movimientos de Bolsonaro y su familia entre el 27 y el 28 de octubre.

Además, se solicitaron informes a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer las constancias de ingreso y egreso del dirigente brasileño, así como los controles realizados sobre los pasajeros y el avión privado en el que viajaron. También se requirió información a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad para determinar si habían recibido alertas o comunicaciones de autoridades brasileñas respecto a la situación judicial de Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina junto con su esposa y sus dos hijas por el paso fronterizo de Puerto Iguazú y, horas después, abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Estados Unidos. Este episodio ha quedado bajo la lupa judicial debido a que el dirigente brasileño tenía restricciones para salir de su país, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción.