Fernanda Miño reclamó fondos para los barrios populares

La diputada nacional de Unión por la Patria, Fernanda Miño, cuestionó al Gobierno por interrumpir las políticas de integración de los barrios populares y defendió un proyecto que busca extender por diez años la emergencia sociourbana. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de más de 140 legisladores y plantea recuperar el financiamiento para obras de infraestructura.

En diálogo con Infobae, Miño sostuvo que el problema afecta a miles de familias que aún viven sin servicios básicos y aseguró que existen recursos disponibles para retomar los trabajos. "Este proyecto nace de la Mesa Nacional de Barrios, pero hablar solamente de este proyecto sin tener en cuenta la historia que venimos trabajando desde el 2016, quienes vivimos en barrios populares", señaló Miño, quien reside en la villa La Cava, en San Isidro.

La exsecretaria de Integración Socio Urbana recordó que las políticas destinadas a los barrios populares comenzaron a institucionalizarse con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la sanción de la Ley 27.453. Este proceso involucró a organizaciones sociales y logró el apoyo de distintos sectores políticos. Miño destacó la importancia de los certificados de vivienda, que permiten acreditar la residencia de las familias en los barrios registrados.

La diputada enfatizó que la discusión actual no debería centrarse únicamente en la construcción de viviendas, sino en intervenir sobre los barrios existentes para garantizar infraestructura y servicios. "Hay familias que por ahí quieren una vivienda, es decir, hay familias que hay que integrarlas ya", afirmó.

Miño aseguró que existen más de 6.400 barrios populares en el país, que enfrentan carencias en servicios básicos como agua potable, energía y accesos. También mencionó problemas derivados de la falta de infraestructura adecuada, como inundaciones y accidentes vinculados con instalaciones eléctricas. "Barrios que se inundan, barrios que se incendian por malas conexiones eléctricas", advirtió.

Durante su gestión, Miño buscó modificar el enfoque de las políticas habitacionales, priorizando la urbanización de los barrios existentes. Mencionó el programa Mi Pieza, que otorgaba asistencia económica para mejorar viviendas de mujeres en barrios populares, alcanzando a unas 250.000 familias.

Uno de los principales argumentos de Miño para impulsar la extensión de la emergencia es que aún existen recursos destinados a financiar obras de integración urbana, con más de 260 mil millones de pesos disponibles. Estos fondos provienen del Impuesto PAIS y del aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas.

Miño también abordó la administración de los recursos, asegurando que durante su gestión no se asignaron directamente a organizaciones sociales o sectores políticos. Los proyectos debían ser evaluados por la Secretaría de Integración Socio Urbana antes de recibir financiamiento, con equipos técnicos encargados de supervisar las obras.

En relación al traspaso de la Secretaría de Integración Socio Urbana al gobierno de Javier Milei, Miño intentó mantener una transición ordenada, poniendo a disposición información sobre programas y recursos. Sin embargo, tras el cambio de gobierno, quedó involucrada en investigaciones vinculadas con su gestión.

El proyecto que impulsa la Mesa Nacional de Barrios Populares busca extender por diez años la emergencia sociourbana y garantizar recursos para continuar con las obras, con el objetivo de llevar infraestructura y servicios a los barrios que aún permanecen al margen de la ciudad formal.