El proyecto de Malvinas pierde impulso y no hay una fecha clara para la sesión en Diputados

El oficialismo no logró incluir en la última sesión el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca proteger los recursos naturales en las Islas Malvinas. Los libertarios consideran difícil alcanzar los consensos necesarios con los aliados para cerrar un texto la próxima semana, y la agenda internacional complica las posibilidades de convocar a una sesión en las siguientes dos semanas.

Una de las principales referentes del bloque La Libertad Avanza comentó: “Tenemos tiempo, no estamos apurados”, aunque reconoció que las prioridades están en otros temas, como el Presupuesto. Si no se logra un acuerdo contrarreloj el martes de la semana que viene, que permita sesionar el miércoles 28, las dos semanas siguientes están prácticamente descartadas.

Durante las últimas semanas, no se avanzó significativamente respecto a los cambios que reclama la oposición. Además, el martes y miércoles habrá reuniones de comisión para tratar el Presupuesto 2027, con el objetivo de llevar la “ley de leyes” al recinto el 18 de noviembre. La semana siguiente no se podrá sesionar en los días habituales debido a las elecciones legislativas en Estados Unidos, donde Donald Trump podría perder el control del Congreso.

Varios diputados de La Libertad Avanza viajarán para monitorear los comicios, lo que podría afectar la presencia en el recinto. Posteriormente, el país estará convulsionado por la visita del Papa León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre, lo que también complicará la agenda legislativa.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por la Casa Rosada, agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur, abarcando no solo la actividad hidrocarburífera, sino también toda explotación de recursos renovables o no renovables. Incluye sanciones para empresas, socios y proveedores, con multas y la posibilidad de suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en Argentina.

Además, se crea el Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, entre otros. Este consejo estipula nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional.

El primer cambio aceptado por el oficialismo sería la eliminación del artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes intenten interferir en procesos electorales mediante campañas de desinformación o promuevan actos de violencia contra el Estado. Tanto el PRO como la UCR y organizaciones civiles interpretaron que su redacción era demasiado amplia y podría utilizarse para coartar la libertad de expresión.

Fuentes libertarias también reconocieron que se modificarán los artículos que habilitan al Estado a auditar o intervenir “infraestructuras críticas”. Las empresas de Estados Unidos han solicitado mayores garantías para evitar sanciones si operan en las islas. El vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, admitió que su país sigue “con interés” los alcances de la ley, aunque enfatizó que las leyes argentinas son competencia de las autoridades locales.

El canciller Pablo Quirno aseguró que “esta ley no va en contra de nadie en particular” y planteó que ofrece a las compañías una elección: operar en el continente argentino o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas. Otros pedidos de los aliados incluyen la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y clarificaciones sobre las competencias de las Fuerzas Armadas y la Policía en la protección de infraestructuras críticas.