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El Presupuesto 2027 vuelve a Diputados y busca dictamen antes del viernes
El Presupuesto 2027 regresa a Diputados con reclamos pendientes y busca dictamen antes del viernes para ser tratado en el recinto.
El Presupuesto 2027 regresará este martes a Diputados con una concesión oficialista y varios reclamos de aliados pendientes. Solo hay cuatro días de margen reglamentario para conseguir un dictamen que permita llevarlo al recinto dentro del período ordinario.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda fue convocada por Alberto Benegas Lynch para el martes 17 a las 16. La Libertad Avanza pretende obtener las firmas ese mismo día y convocar a una sesión antes del 30, tras aprobar la nueva Carta Orgánica del Banco Central y la ley Malvinas.
El Senado debería continuar el tratamiento en diciembre, ya sea en una eventual prórroga de ordinarias o en una convocatoria a extraordinarias. El calendario es crucial, ya que el artículo 106 del reglamento de Diputados establece que las comisiones pueden dictaminar hasta el 20 de noviembre, salvo autorización de la Cámara con dos tercios de los votos emitidos. El período ordinario concluye diez días después.
Este nuevo intento llega tras el fracaso del 28 de octubre, cuando las diferencias con los aliados obligaron a suspender la reunión prevista para dictaminar. Las dos semanas siguientes tuvieron actividad reducida debido a las elecciones estadounidenses y la visita del papa León XIV a Argentina.
La reactivación se produjo el jueves pasado, en una reunión entre la conducción libertaria y representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal y otras bancadas. Aunque se acordó la agenda, no se abordó la letra chica del Presupuesto, ya que gran parte de las conversaciones giró en torno a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El PRO comunicó que se incorporará en el Presupuesto 2027 la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686, extendiendo hasta 2032 la posibilidad de acceder a beneficios como devolución anticipada de IVA, amortización acelerada en Ganancias y retenciones cero para determinadas exportaciones. Argumentaron que “una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años”, vinculando la medida con la continuidad de inversiones y empleo industrial en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Entre los demás pedidos figuran la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, modificaciones al impuesto a los combustibles, mayor información sobre concesiones viales y autorizaciones de financiamiento.
La negociación también enfrenta reclamos de aliados que exceden al PRO. La UCR insiste en conservar la actualización automática por inflación de la AUH, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares, cuya derogación figura en el artículo 17 del proyecto original.
En el ámbito universitario, Hacienda presupuestó alrededor de $7,3 billones, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula unos $7,7 billones para el conjunto de transferencias. Los rectores reclaman aproximadamente $11 billones para cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación vigente. Las conversaciones para revisar las partidas y explorar beneficios sobre contribuciones patronales están abiertas, pero aún no hay una propuesta definitiva aceptada por las universidades.
En el área de discapacidad, la Casa Rosada asegura que garantizará los recursos para las prestaciones, aunque resta compatibilizar el Presupuesto con el nuevo régimen que obtuvo media sanción en Diputados y espera su tratamiento en el Senado.
Los gobernadores también suman demandas, reclamando obras, mantenimiento vial y fondos previsionales, mientras el Gobierno busca preservar un superávit financiero del Sector Público Nacional de 0,2% del PBI en 2027. Santa Fe participa de las conversaciones mediante legisladores de Provincias Unidas, entre ellos la titular del bloque, Gisela Scaglia, y mantiene pendientes de la inversión nacional en rutas.
El diputado socialista Pablo Farías calificó de “cifras ínfimas en infraestructura” los recursos destinados a la provincia, estimando que Santa Fe quedaría en el puesto 20 entre 24 jurisdicciones en inversión nacional por habitante para obras, con poco más de $18.000 frente a un promedio nacional de $37.000.
El Gobierno sostiene que incorporó obras solicitadas por gobernadores, aunque aún no ha publicado un detalle consolidado que permita identificar cuánto recibirá cada provincia y bajo qué condiciones. La cuestión de fondo sigue siendo cómo introducir concesiones sin modificar la regla fiscal que ordena el proyecto. Hacienda proyecta para 2027 un crecimiento económico del 4% y una inflación de 18% a diciembre, variables que sustentan sus previsiones de ingresos y gastos.
Fuente: El Litoral