El oficialismo necesita consensos para avanzar en el Congreso, pero provoca dudas sobre los acuerdos ya negociados

La agenda de Diputados se presenta intensa para el oficialismo, que deberá demostrar su capacidad para negociar nuevos acuerdos y mantener los ya establecidos. Entre los temas pendientes, el proyecto sobre Malvinas deberá esperar una semana más para evaluar hasta qué punto el Gobierno cede en la búsqueda de apoyo de socios y dialoguistas, además de procesar la mala señal que acaba de dar Estados Unidos en la ONU.

Antes de abordar Malvinas, el oficialismo debe consolidar entendimientos en cuestiones sensibles como Discapacidad y la Ley de Tierras. En ambos casos, surgen tensiones internas que alimentan recelos entre aliados y especulaciones de la oposición. Estos temas, junto con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, son considerados decisivos por el Ejecutivo para avanzar con su plan reeleccionista.

El proyecto de Malvinas, que incluye sanciones a empresas que participen en la explotación de recursos naturales en la zona, ha generado críticas por sus capítulos sobre penas para campañas de “desinformación masiva”, lo que podría amenazar la libertad de expresión. Algunos legisladores de la oposición sugirieron dividir el proyecto en dos, algo que el oficialismo rechaza.

Las negociaciones para asegurar el respaldo necesario antes de llevar el tema al recinto no son sencillas. La semana pasada, el oficialismo debió postergar una convocatoria a las comisiones involucradas, lo que indica que aún no cuenta con los apoyos necesarios. Además, se han planteado presiones de empresas estadounidenses sobre algunos artículos del proyecto.

Un nuevo elemento en la discusión es la propuesta de Estados Unidos de disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, lo que ha generado una diferencia inesperada entre el gobierno de Milei y la gestión de Donald Trump. Aunque esta movida no parece tener un impacto práctico inmediato, sí crea una situación incómoda para los libertarios en el plenario de comisiones.

En cuanto a la Ley de Tierras, el oficialismo busca derogar la norma de la etapa kirchnerista, pero dos fallos de la Corte Suprema han reabierto el debate. La oposición ha puesto en la mira el DNU 70/2023, y aunque el oficialismo logró frenar esta movida, lo hizo a cambio de un acuerdo para anular por ley un punto del decreto inaugural de Milei. Este trato, incluido en el proyecto sobre propiedad privada, deberá ser sancionado en el Senado, donde también hay reparos entre senadores de LLA.