El Gobierno y empresas acuerdan combatir el comercio de bienes de contrabando

El Gobierno y las empresas han llegado a un acuerdo para combatir el contrabando, en respuesta a un reclamo histórico de las cámaras que alertan sobre la gravedad del problema. Se estima que Argentina pierde alrededor de 2.500 millones de dólares en recaudación fiscal debido a esta actividad ilícita, que ha migrado de los puestos físicos de frontera al ámbito digital.

Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), comentó que, aunque es difícil medir con precisión el impacto del contrabando, las estimaciones indican un perjuicio fiscal significativo. "Consideramos que este acuerdo es una acción positiva para combatir la venta ilegal por canales digitales", afirmó Grinman.

La Secretaría de Industria, Comercio y PyME firmó acuerdos con diversas cámaras del comercio para facilitar el intercambio de información sobre productos comercializados en plataformas digitales, con el fin de detectar ofertas de productos ingresados al país de manera ilegal. Entre las entidades involucradas se encuentran la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Las plataformas que han firmado el acuerdo incluyen Mercado Libre y Meta, que se comprometen a proporcionar información sobre los principales oferentes de productos en categorías sensibles. Además, Meta anunció que eliminará los sitios denunciados en sus plataformas.

El acuerdo también contempla campañas de comunicación para informar a los vendedores sobre sus obligaciones, especialmente en relación al origen de los productos ofrecidos. Las industrias más afectadas por el contrabando incluyen la textil, electrónica, cigarrillos y bebidas alcohólicas.

Recientemente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el régimen de comercio fronterizo, estableciendo una franquicia de 150 dólares por persona al día y limitando el volumen de los bultos para evitar el uso comercial de este régimen. Esta medida, que iba a entrar en vigor el 10 de octubre, ha sido postergada por 120 días.