El Gobierno simplificó los trámites para abrir empresas

El Gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), implementó modificaciones para simplificar la creación de sociedades y reducir las exigencias administrativas para quienes buscan formalizar una empresa. Esta medida, establecida mediante la Resolución General 11/2026, derogó 33 artículos reglamentarios y dos resoluciones generales que, según el Ejecutivo, incorporaban requisitos innecesarios.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, explicó que el objetivo principal es "reducir la burocracia, bajar costos y acelerar los tiempos para abrir una empresa". Uno de los cambios más significativos es la eliminación del dictamen de precalificación profesional como requisito obligatorio para constituir una sociedad, permitiendo su presentación de manera voluntaria o en casos específicos.

Además, la normativa flexibiliza la definición del objeto social, permitiendo que una empresa incluya múltiples categorías de actividades sin necesidad de demostrar conexidad entre ellas. Para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), se permitirá establecer como objeto "la realización de cualquier actividad lícita".

La IGJ también introdujo la posibilidad de establecer una sede electrónica complementaria a la sede social física, permitiendo a las entidades declarar una dirección de correo electrónico que tendrá efectos frente a socios y terceros. Asimismo, se ampliaron los mecanismos para acreditar la integración de aportes dinerarios en efectivo y se autorizó la incorporación de cláusulas arbitrales en los instrumentos constitutivos de las sociedades.

En cuanto a los aportes de capital mediante criptomonedas, la nueva regulación establece que el instrumento constitutivo debe especificar el tipo, cantidad y valor asignado a los activos, además de identificar al socio que realiza el aporte. Los activos deberán quedar a nombre de los administradores designados, quienes se comprometen a transferirlos a la sociedad una vez que obtenga su CUIT.

Esta medida se enmarca en un proceso de revisión y simplificación normativa que la IGJ ha estado desarrollando durante 2026, buscando reducir los tiempos burocráticos que actualmente demandan hasta 4.496 horas para iniciar una actividad económica en Argentina, más del doble del promedio en América Latina, que es de 2.005 horas.