El Gobierno presenta un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dedicó 40 minutos de su conferencia de prensa semanal para detallar los principales puntos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso y que comenzará a ser debatido en plenario de comisiones desde el 30 de septiembre.

Este proyecto, que consta de 133 artículos distribuidos en 8 títulos, se enmarca en las medidas que el gobierno nacional está tomando para defender la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ravier lo calificó como un "hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur", y solicitó al Poder Legislativo su tratamiento "con la mayor celeridad posible".

Los primeros debates se llevarán a cabo en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, todas encabezadas por dirigentes de La Libertad Avanza.

La iniciativa se sustenta en tres ejes: castigar a quienes exploten recursos naturales de manera ilegítima, generar incentivos para cesar dichas actividades y dotar al Estado de herramientas para protegerse frente a amenazas externas. Ravier destacó que el proyecto busca establecer un marco normativo integral para la defensa de la soberanía y la protección de los intereses vitales de la Nación.

El primer título del proyecto se refiere a la defensa de los recursos naturales de la Nación, definiendo que las islas Malvinas y sus espacios marítimos son parte del territorio argentino. Este título deroga la ley 26.659/2011 sobre la exploración y explotación de hidrocarburos, reemplazándola por un régimen más estricto que amplía su ámbito de aplicación y agrava las sanciones penales.

El segundo título define la Seguridad Nacional y establece que la vida, libertad y derechos de los habitantes deben estar protegidos, garantizando la soberanía e independencia de Argentina. Ravier explicó que el sistema integra diversas funciones bajo una lógica común de conducción y coordinación estratégica.

El tercer título regula la protección de espacios aeroespaciales y marítimos, incorporando un régimen específico para la identificación y protección de Infraestructuras Críticas. Se establece un proceso secuencial para la identificación de amenazas, que puede incluir el uso de fuego o hundimiento de buques.

El cuarto título avanza en el régimen sancionatorio ante amenazas a la Seguridad Nacional, mientras que el quinto redefine la función del Estado en la defensa nacional, protegiendo los intereses nacionales frente a riesgos externos.

El sexto título se centra en el fortalecimiento ante la influencia extranjera, prohibiendo contribuciones a partidos políticos por parte de personas o entidades extranjeras. El séptimo crea un registro de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento.

Ravier también desmintió críticas sobre el artículo 88, que tipifica actos que amenacen la Seguridad Nacional, aclarando que la norma no busca reprimir la libertad de expresión, sino proteger la autodeterminación del país. El proyecto, que aborda una amplia gama de temas, se encuentra actualmente en manos de Diputados, y se espera que su debate sea exhaustivo.