El Gobierno niega irregularidades en compras de alimentos para Olivos

El Gobierno ha decidido responder a las denuncias sobre supuestas irregularidades en la compra de alimentos para la Quinta de Olivos. Una auditoría oficial concluyó que no hubo sobrecompra y que las acusaciones se basaron en confusiones entre las órdenes de compra abiertas y las cantidades efectivamente solicitadas.

Según fuentes oficiales, la Casa Rosada elaboró comparaciones con contrataciones de años anteriores, destacando que algunos períodos de comparación corresponden a los años de la pandemia, cuando la presencialidad en las dependencias oficiales era menor. Actualmente, alrededor de 2.000 personas trabajan en Casa Rosada, de las cuales 1.300 utilizan diariamente el servicio de comida. En la Quinta de Olivos, se estiman unos 130 comensales con dos servicios diarios, lo que equivale a aproximadamente 260 comidas.

El Gobierno ha diferenciado las órdenes de compra abiertas, que establecen un máximo posible, de las solicitudes de provisión, que reflejan lo realmente requerido. Para respaldar su posición, se han elaborado comparaciones sobre carnes, frutas, verduras y bebidas, mostrando diferencias entre los máximos previstos y las cantidades solicitadas.

Sin embargo, la situación ha generado una disputa interna en el oficialismo, con acusaciones sobre el funcionamiento de la residencia presidencial y filtraciones de información. María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y colaboradora cercana de Karina Milei, renunció tras el escándalo. En el entorno karinista, se rechazan algunas versiones que circulan, como la supuesta participación de personal militar en la cocina.

Por otro lado, se han mencionado acusaciones sobre un posible desvío de alimentos hacia un emprendimiento privado relacionado con el exintendente Osvaldo Sosa, quien fue despedido. El Gobierno ha decidido reincorporar al personal civil desplazado, aunque no necesariamente en las mismas funciones.

La crisis también ha generado especulaciones sobre quién ocupará los espacios vacantes, con nombres como Mara Gorini y Sebastián Ibáñez, jefe de Casa Militar, ganando terreno en el nuevo esquema de control de la Quinta de Olivos.

En paralelo, el Gobierno se prepara para defenderse ante las denuncias judiciales que cuestionan las cantidades de alimentos contratadas. La diputada Marcela Pagano ha planteado la hipótesis de un eventual desvío de mercadería, lo que ha llevado a una interpretación diferente de los procesos de contratación. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades en las compras.