El Gobierno declaró secreto militar un proceso de compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional ha declarado secreto militar un proceso de adquisición de material y equipamiento destinado a la Defensa Nacional. Esta decisión permite mantener bajo reserva las operaciones contractuales involucradas y exceptuarlas de las obligaciones habituales de publicidad y difusión.

La medida responde a un requerimiento del Ministerio de Defensa, que consideró necesario restringir el acceso a la información relacionada con las adquisiciones por razones de seguridad nacional. Según los fundamentos del decreto 1205/2026, publicado el 19 de octubre en el Boletín Oficial, la naturaleza y finalidad del equipamiento justifican que los detalles del procedimiento sean conocidos únicamente por personas autorizadas.

El Ejecutivo argumentó que la divulgación de esta información podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país. El decreto establece que las operaciones contractuales necesarias para concretar las adquisiciones quedarán comprendidas en la categoría de secreto militar, permitiendo a los organismos responsables avanzar con los procedimientos de contratación sin cumplir con las disposiciones habituales de publicidad.

El texto publicado no identifica los equipos o materiales que se pretende adquirir, ni informa sobre cantidades, proveedores, países de origen o montos presupuestarios. La decisión se fundamenta en el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación de secreto militar para asuntos vinculados con la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas, así como en la Ley 23.554 de Defensa Nacional y la Ley 24.948, que asigna al Ministerio de Defensa responsabilidades sobre la evaluación de las necesidades de equipamiento militar.

El Gobierno sostiene que la reserva de información es necesaria para evitar que la divulgación de las características y finalidades del material comprometa los medios de defensa de la Nación. Con esta declaración, el Ministerio de Defensa queda autorizado para avanzar con los actos administrativos necesarios mediante la Subsecretaría de Gestión Administrativa, aunque no se precisan plazos de ejecución, fechas de entrega ni el presupuesto previsto para las adquisiciones.