El Estado nacional recorta 77 mil puestos en 33 meses

El Estado nacional ha experimentado una reducción de personal durante 33 meses consecutivos, un proceso que el gobierno de Javier Milei presenta como parte de una transformación estructural de la administración pública. Sin embargo, los resultados de esta política siguen siendo motivo de controversia.

Según el informe sobre dotación de personal publicado por el INDEC, en septiembre de 2026 había 266.205 empleados, lo que representa una caída del 6,1% interanual y del 0,8% respecto de agosto. En comparación, en noviembre de 2023, justo antes de la asunción de Milei, la dotación era de 343.357 personas, lo que implica una reducción de 77.152 puestos. Desde diciembre de 2023, el primer mes de la gestión de Milei, la reducción es del 22%.

Durante la presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, los secretarios de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y de Desregulación, Alejandro Cacace, defendieron la política de recortes. Fariña afirmó que el Estado es ahora "mucho más chico" y que se han eliminado duplicidades en funciones y organismos. Según sus declaraciones, desde diciembre de 2023, los cargos de alta dirección han disminuido de 2.476 a 1.994 y el número de organismos estatales ha bajado de 117 a 91.

Fariña también destacó que la reducción de personal ha generado un ahorro estimado de casi 3.000 millones de dólares anuales, considerando no solo salarios, sino también costos asociados a edificios y otros elementos. Sin embargo, la oposición ha cuestionado esta política, argumentando que la búsqueda de eficiencia podría estar condicionada por un sesgo ideológico y que es necesario evaluar el impacto de estas medidas en la calidad de vida de los ciudadanos.

El informe del INDEC también revela ajustes en instituciones vinculadas al desarrollo productivo y la infraestructura. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el CONICET pasó de 27.760 a 24.795 empleados, el INTA de 6.825 a 4.960, y el INTI de 3.120 a 2.227. El Presupuesto 2027 contempla nuevas modificaciones en el financiamiento de estos organismos, lo que ha generado preocupación entre los legisladores de la oposición sobre las consecuencias de reducir las capacidades técnicas del Estado.