El endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri llegó a Casación

La investigación judicial sobre el endeudamiento de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri ha llegado a la Cámara Federal de Casación Penal. La causa está en manos de la Sala IV, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes deberán decidir si habilitan la revisión del archivo de la pesquisa.

Este expediente está vinculado al acuerdo Stand By firmado en 2018, que inicialmente otorgó a Argentina un financiamiento de 50.000 millones de dólares, ampliado posteriormente a 57.100 millones. La investigación busca determinar si el proceso de negociación y utilización de esos fondos constituyó delitos contra la administración pública, incluyendo si el endeudamiento estuvo destinado a sostener la formación de activos externos y si hubo beneficios indebidos para funcionarios o terceros.

La causa había sido archivada por el Juzgado Federal N° 5, y esta decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal. Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación para que el expediente continuara bajo análisis judicial, aunque este fue declarado inadmisible. El fiscal José Luis Agüero Iturbe presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá determinar si la queja es admisible y si corresponde que Casación intervenga.

El fiscal Agüero Iturbe ha cuestionado la forma en que se cerró el expediente, argumentando que aún había medidas de instrucción pendientes y que la decisión de archivar la causa fue un “cierre prematuro” y “arbitrario”. En su presentación, el fiscal enfatizó que la investigación debe determinar qué ocurrió y luego establecer si esos hechos encuadran en una figura delictiva.

Uno de los puntos clave del recurso es la necesidad de profundizar la investigación sobre el destino de los dólares provenientes del acuerdo con el FMI y si existieron vínculos entre funcionarios y operadores privados que pudieran haber resultado beneficiados. Agüero Iturbe sostiene que no es suficiente reunir información general sobre la deuda, sino que es necesario avanzar sobre la trazabilidad de los fondos.

La causa se originó a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la negociación y ejecución del acuerdo con el FMI, que involucró a Macri y a varios exfuncionarios de su gobierno. La jueza María Eugenia Capuchetti había dispuesto el archivo del expediente, argumentando que los hechos denunciados no configuraban delitos. Sin embargo, Agüero Iturbe argumenta que aún existen diligencias que podrían aportar elementos sobre los hechos denunciados.

Con el recurso presentado, la discusión ahora pasa a la Cámara Federal de Casación Penal, donde la Sala IV deberá decidir si se reabre la investigación o se mantiene el archivo dispuesto por la Cámara Federal porteña.