Dos diputados pidieron a la Justicia suspender la derogación de la ley de Tierras

Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron ante el fuero Contencioso Administrativo una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737, conocida como la ley de Tierras. La presentación fue realizada por derecho propio y en su condición de ciudadanos y habitantes de la Nación contra el Poder Ejecutivo Nacional.

El objetivo de la medida es evitar que, mientras el Congreso se pronuncia sobre la vigencia de la norma, se consoliden como derechos adquiridos las compras de tierras rurales realizadas por extranjeros. Este planteo surge tras un fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó por falta de legitimación la demanda promovida por el CECIM. La Corte aclaró que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154 ni sobre la intervención que corresponde al Congreso.

Con la derogación de la Ley de Tierras, dejaron de regir los límites establecidos para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Según la presentación, ya no se aplican las restricciones vinculadas con porcentajes de propiedad a nivel nacional, provincial o departamental, ni aquellas relacionadas con la nacionalidad o la superficie. Además, se eliminó la prohibición de adquirir inmuebles ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

Pichetto expresó en su cuenta de X: "Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros". Los diputados argumentan que la cautelar es necesaria porque, aun si posteriormente el Congreso rechazara el DNU o se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones realizadas durante el período de vigencia de la derogación podrían quedar protegidas como derechos adquiridos.

Además, cuestionaron que la derogación de la Ley de Tierras se haya dispuesto mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, argumentando que no se configuraron las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para el dictado de un DNU. Mencionaron que el Congreso estaba en condiciones de funcionar y que el propio Poder Ejecutivo remitió el decreto al Poder Legislativo seis días después de su dictado, además de que el Senado rechazó el DNU en marzo de 2024.

El escrito sostiene que las tierras rurales y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, y que el régimen para su disposición debe ser establecido por el Congreso de la Nación. Ante la urgencia planteada, los diputados solicitaron una medida interina de aplicación inmediata mientras se desarrolla el trámite previo a la resolución de la cautelar. Como alternativa, pidieron medidas para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y hacer pública la existencia del proceso judicial.