DNU 70/2023: qué regulaciones podrían volver a regir si Diputados lo rechaza

La Cámara de Diputados se prepara para discutir el futuro del DNU 70/23, una de las principales normas de la primera etapa del gobierno de Javier Milei. La oposición ha convocado a una sesión especial para el 15 de octubre, con el objetivo de avanzar sobre el decreto que modificó y derogó un amplio conjunto de normas en materia económica, laboral, comercial y administrativa.

El Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024, por lo que una nueva negativa en la Cámara baja dejaría al decreto sin vigencia. Este escenario se ha fortalecido tras el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras, que rechazó el planteo de una entidad que cuestionaba la derogación de esa normativa. Con esta decisión, se habilitó el esquema establecido por el DNU respecto a las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El fallo ha reactivado el debate en el Congreso sobre el decreto completo, no solo sobre el capítulo de tierras. El eventual rechazo del DNU tendría consecuencias que exceden el régimen de tierras, ya que el decreto modificó o derogó centenares de disposiciones y, en algunos casos, eliminó leyes completas. Su caída abriría la discusión sobre cuáles de esas normas recuperarían vigencia y cómo impactaría esta situación sobre relaciones jurídicas, contratos y actividades que se desarrollaron durante los casi tres años de vigencia del decreto.

Entre los sectores que podrían verse afectados se encuentra el mercado de alquileres. El DNU derogó la Ley 27.551 y modificó el Código Civil y Comercial, ampliando la libertad de las partes para establecer las condiciones de los contratos. Si el DNU dejara de tener vigencia, se reabriría el debate sobre el régimen anterior y sobre la situación de los contratos celebrados durante la vigencia de las modificaciones.

Asimismo, quedarían bajo revisión las normas vinculadas con el funcionamiento de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, ya que el decreto modificó el régimen de elección de obra social para los trabajadores y eliminó restricciones sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Otro capítulo sensible es el de las regulaciones sobre alimentos y comercio. El DNU derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, además de modificar parcialmente el régimen de Compre Argentino. La primera otorgaba al Estado herramientas de intervención sobre precios y abastecimiento, mientras que la segunda establecía reglas de exhibición para garantizar espacio a productos de pequeñas y medianas empresas.

En materia de comercio exterior, el decreto introdujo modificaciones en el Código Aduanero y derogó normas que establecían restricciones a determinadas operaciones. Un eventual regreso al esquema anterior implicaría revisar nuevamente ese marco normativo.

Las empresas públicas también son un capítulo relevante, ya que el DNU modificó el régimen de las sociedades estatales, habilitando su transformación en sociedades anónimas, dentro de un esquema vinculado a la política de privatizaciones del Gobierno. Si el decreto es rechazado, estas modificaciones quedarían sin efecto, aunque el impacto dependería de las normas y actos posteriores dictados sobre cada empresa.

El sector de las telecomunicaciones podría verse afectado, ya que el decreto introdujo cambios para facilitar la prestación de servicios de internet satelital, buscando habilitar el ingreso de nuevos operadores al mercado. La caída de estas modificaciones abriría un escenario de revisión regulatoria para las empresas que ingresaron o ampliaron sus operaciones bajo el esquema del DNU.

La cuestión laboral presenta particularidades, ya que aunque el decreto modificó numerosas normas, varios de sus artículos han sido objeto de presentaciones judiciales. Además, durante 2026, el Congreso aprobó una reforma laboral, por lo que un eventual rechazo del DNU no implicaría simplemente regresar al régimen existente en diciembre de 2023.

Con la sesión convocada para el 15 de octubre, Diputados tendrá la posibilidad de completar el trámite parlamentario iniciado hace más de dos años. Para tratar el decreto en el recinto será necesario reunir el quórum reglamentario y, una vez iniciado el debate, alcanzar una mayoría simple para rechazarlo. El resultado no solo definirá el futuro del DNU 70/23, sino también el marco legal que reemplazaría a varias de las desregulaciones centrales impulsadas por Milei desde el inicio de su gestión.