Diputados debate proyecto que endurece penas por operar en Malvinas

La Cámara de Diputados iniciará este miércoles el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno de Javier Milei. Esta iniciativa busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por Argentina sin autorización nacional.

El proyecto será analizado a partir de las 12 en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. La primera reunión será de carácter informativo y contará con la exposición de funcionarios y especialistas.

El oficialismo tiene un cronograma acelerado y planea volver a reunir a las comisiones el martes 6 de octubre, con la intención de emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente. Esta sesión también podría incluir proyectos relacionados con discapacidad y endeudamiento.

Entre los principales cambios propuestos, se destaca el reemplazo del régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011, que se centraba en la exploración y explotación de hidrocarburos. La nueva iniciativa amplía el alcance a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

El texto establece sanciones administrativas y comerciales para las personas y empresas que incumplan la normativa, y crea un Registro Público de Infractores, que afectará la posibilidad de contratar con el Estado y desarrollar determinadas actividades económicas en el país.

El capítulo penal es uno de los aspectos centrales de la iniciativa, que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen en actividades de exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de recursos en las zonas reclamadas por Argentina. También se incluye la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos contemplados por el nuevo régimen.

Además, la iniciativa incorpora modificaciones relacionadas con la seguridad y la defensa nacional, como la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores. Este organismo coordinará las respuestas estatales frente a amenazas que involucren dimensiones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.

El proyecto también contempla mecanismos de protección de infraestructura crítica y la adopción de medidas de emergencia sobre operaciones financieras y cambiarias, fondos y activos, autorizaciones, contratos y comercio exterior ante situaciones consideradas graves e inminentes. El alcance de estas atribuciones ha generado críticas por parte de la oposición.