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    Nación.Debate legislativo

    Diputados debate la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central

    La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para tratar dos proyectos impulsados por el Gobierno. El oficialismo busca reunir apoyos ante las diferencias con aliados.

    4 min de lectura

    Sesión de la Cámara de Diputados sobre la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central
    Foto: El Once

    La Cámara de Diputados de la Nación llevará a cabo este miércoles, a partir de las 12, una sesión especial para discutir varios proyectos impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la Ley Malvinas, que establece sanciones por la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca restringir la emisión monetaria para financiar al Estado.

    La convocatoria fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas. Se anticipa una extensa jornada parlamentaria debido a las diferencias que persisten entre los bloques respecto a varios artículos de las propuestas.

    El temario también incluye acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en causas relacionadas con delitos cometidos por menores y delitos contra la integridad sexual, así como el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y una enmienda al Protocolo de Montevideo.

    Uno de los principales debates se centrará en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas. Aunque el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobarlo en general, enfrenta dificultades para sostener algunos de sus capítulos durante la votación en particular. Las mayores diferencias se concentran en el capítulo 7, que introduce modificaciones al sistema electoral y establece sanciones vinculadas con actividades consideradas contrarias a la seguridad nacional. Este apartado requiere una mayoría especial de 129 votos, que aún no está garantizada.

    Durante las negociaciones previas, el PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar la iniciativa, con o sin modificaciones. Sin embargo, Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi han reclamado cambios más profundos en el capítulo cuestionado. Ante este escenario, el Gobierno podría aceptar la eliminación de ese apartado para asegurar la aprobación del núcleo central de la propuesta.

    El proyecto contempla un régimen de sanciones penales y económicas para quienes participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, socios, proveedores y determinados accionistas de empresas involucradas. Se excluyen de las sanciones a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión cuya intervención sea indirecta.

    Además, se incorporan sanciones por operaciones de inteligencia realizadas para Estados extranjeros contra la seguridad nacional argentina, revelación de secretos de Estado y participación en acciones de sabotaje. El oficialismo ha aceptado excluir expresamente de las sanciones a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y las actividades de lobby reguladas.

    Otro de los puntos discutidos es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar las políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica. Este organismo estaría presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de bloques aliados, se incorporó la posibilidad de que participen, como miembros no permanentes, el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores.

    Entre las facultades previstas se encuentran la adopción de medidas urgentes frente a amenazas externas graves, como restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de activos, limitaciones al comercio exterior y modificaciones transitorias de derechos aduaneros. También se contemplan protocolos para el derribo de aeronaves y hundimiento de embarcaciones, además de habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en determinadas operaciones no convencionales.

    Desde sectores del peronismo y la izquierda han cuestionado estos puntos, argumentando que podrían ampliar excesivamente las atribuciones del Poder Ejecutivo y afectar la separación entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Como mecanismo de control, el oficialismo ha aceptado incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento, que deberá recibir información sobre las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional dentro de un plazo máximo de 48 horas.

    El segundo proyecto central de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que busca establecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda. La propuesta plantea abandonar el esquema de múltiples objetivos incorporado en 2012 y avanzar hacia un mandato único para la autoridad monetaria, prohibiendo el financiamiento monetario al Tesoro Nacional.

    La iniciativa establece restricciones específicas sobre distintas operaciones financieras y elimina atribuciones del directorio relacionadas con la orientación del crédito hacia sectores determinados. En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que estas funciones resultaban ajenas al objetivo principal de una autoridad monetaria y que su implementación podría afectar la estabilidad del valor del dinero.

    Uno de los principales puntos de negociación fue el mecanismo para designar y remover a los integrantes del directorio del Banco Central. La versión que había aprobado Diputados requería una mayoría de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, pero el Senado modificó ese requisito a una mayoría absoluta de sus integrantes. Aunque el oficialismo evaluó insistir con la redacción original, finalmente aceptó los cambios introducidos por la Cámara alta.

    Fuente: El Once

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