Denuncian penalmente a Javier Milei y Luis Caputo por incumplir la ley de Financiamiento Universitario

El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de una medida cautelar que ordenó al gobierno nacional aplicar la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La denuncia, radicada en los tribunales federales de Retiro, busca determinar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia, además de otras posibles figuras penales. Según el escrito, el Poder Ejecutivo persiste en el incumplimiento de una orden judicial que dispuso garantizar la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles, en el marco de la Ley 27.795.

Solano solicitó que la investigación alcance a Milei, Caputo y a cualquier otro funcionario que pudiera haber intervenido, por acción u omisión, en el incumplimiento de la resolución. En su presentación, invocó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, relacionados con la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

El denunciante calificó los hechos como de “suma gravedad institucional” y afirmó que el Gobierno mantiene una conducta deliberada frente a una orden judicial que fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, cuyo recurso extraordinario fue desestimado por la Corte Suprema.

El conflicto se remonta a la sanción de la Ley 27.795, que el Gobierno promulgó pero dejó suspendida. Según la denuncia, el Poder Ejecutivo vetó la norma mediante el Decreto 647/2025, pero el Congreso insistió con su sanción. Posteriormente, el Gobierno promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, pero supeditó su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento.

La denuncia también menciona una medida cautelar dictada el 23 de diciembre de 2025 por el juez Martín Cormick, que ordenó al Estado nacional cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley. Esta resolución fue notificada en febrero de 2026 al Ministerio de Capital Humano y a su Secretaría de Educación, con un requerimiento expreso para que se cumpliera la orden judicial.

El Estado nacional apeló la medida, pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó la cautelar y rechazó los argumentos del gobierno. La Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado, lo que llevó a Solano a sostener que la medida judicial adquirió firmeza y que su incumplimiento podría tener consecuencias penales para los funcionarios responsables.

La denuncia busca establecer si, a pesar de las decisiones judiciales y las notificaciones a las autoridades, existió una conducta deliberada destinada a no ejecutar las obligaciones previstas en la ley. Solano solicitó que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia y dejó planteada la eventual aplicación de los artículos 248 y 249 del Código Penal, que se refieren a conductas de funcionarios públicos contrarias a la ley.