Ciencia en el Presupuesto 2027: funciones de ciberseguridad inflan los fondos, en medio de los reclamos del sector

La situación del sector de ciencia y tecnología en Argentina se encuentra en un estado crítico, marcado por la advertencia de "inviabilidad técnica" en el INTI, la falta de efectivización de 650 becarios del Conicet y la presión judicial sobre el Ejecutivo por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario. El Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse el 13 de octubre en el Congreso, ha intensificado estas preocupaciones.

El proyecto oficialista propone asignar $2,6 billones a la Función Ciencia y Técnica (FCyT) para el próximo año, lo que representa un 0,178% del PBI, muy por debajo del 0,59% establecido como meta en la derogada Ley 27.614. Aunque se presenta un incremento del 10,5% interanual real, este dato es engañoso debido a la inclusión de las Obligaciones a Cargo del Tesoro (OACTs), que representan un 15,9% del total de la FCyT. Sin considerar este monto, la variación real para el sector muestra un retroceso del 7,1% interanual.

La Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología, bajo la Jefatura de Gabinete, muestra un crecimiento real del 3,1% interanual, alcanzando los $38.395 millones para 2027. Sin embargo, el Conicet experimentará una reducción de fondos del -7,8% en comparación con 2026, mientras que el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Agencia I+D+i también sufrirán recortes.

Un factor que explica el aumento de los fondos en la Secretaría es el Centro Nacional de Ciberseguridad, que, a pesar de haber ejecutado solo el 4% de su presupuesto en 2026, solicita $3.200 millones para 2027, lo que representa un aumento del 117% interanual. Este incremento se da en un contexto donde se han señalado partidas presupuestarias que no están relacionadas con actividades científicas y tecnológicas.

El INTI, que ha suspendido más de 600 servicios, enfrenta un recorte del -1,3% interanual en su presupuesto. Además, la nueva secretaria, Adriana Baravalle, enfrenta una denuncia penal por la veracidad de su título en Inteligencia Artificial. Por otro lado, el INTA también prevé una reducción del -22,1% en sus fondos.

En el ámbito universitario, la CONADU ha expresado que el Presupuesto 2027 debe incluir la ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento está bajo la presión de un fallo judicial. Las autoridades académicas han solicitado encuentros con gobernadores para influir en el debate presupuestario, demandando al menos $11 billones para el 2027, en contraste con los $7,5 billones propuestos, lo que representa una caída del -1,1% interanual.

La situación es crítica, con 15.000 docentes abandonando la universidad pública debido a condiciones laborales insostenibles. La eficacia del Poder Judicial para hacer cumplir las indicaciones del Gobierno también está siendo cuestionada, mientras se espera que el oficialismo logre media sanción del proyecto para el 4 de noviembre.