Carlos Presti echa al liquidador de exIOSFA y la crisis sigue sin respuesta

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, solicitó la renuncia del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien se desempeñaba como administrador y liquidador del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La decisión se tomó tras una reunión en el despacho del ministro, en la que se discutieron los problemas financieros y administrativos que enfrentaba la liquidación del organismo.

Guzmán había sido designado para liderar el proceso de disolución, pero su gestión se vio marcada por una acumulación de problemas, incluyendo una deuda que asciende a $213.902 millones. Este pasivo incluye obligaciones vinculadas a Gendarmería y Prefectura, que representan alrededor del 65% del total. La situación se complica aún más debido a la falta de acuerdo entre la comisión interministerial encargada de ordenar la liquidación.

Con Guzmán fuera del proceso, la responsabilidad recae ahora en Presti, quien deberá conseguir recursos y la asistencia del Ministerio de Economía para resolver el pasivo y permitir que la nueva OSFA comience a operar sin las cargas de su predecesora. La magnitud de la deuda y la necesidad de negociar con acreedores son desafíos inmediatos que enfrenta el nuevo liderazgo.

El informe que Guzmán presentó el 21 de septiembre reveló el incumplimiento de varios objetivos de su gestión, así como un descalce financiero que ha llevado a la acumulación de nuevas obligaciones. A pesar de que IOSFA ha perdido su flujo de fondos, continúa asumiendo responsabilidades que deberían ser cubiertas por la nueva OSFA, lo que agrava la crisis.

La situación financiera de IOSFA ha sido deteriorada por años de gestión, y la crisis actual es el resultado de un proceso acumulativo. Durante la administración de Oscar Sagás, el organismo no logró implementar un esquema de contingencia frente al aumento de costos, lo que llevó a un incremento significativo de la deuda.

Además, la reestructuración del organismo ha generado preocupaciones laborales, con denuncias de posibles despidos y dificultades en la provisión de medicamentos y atención médica para los beneficiarios del sistema. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha alertado sobre el impacto que el cierre de establecimientos y la reorganización del organismo podría tener en cientos de empleados.