Avanza la denuncia penal contra Santiago Peña por el escándalo de Ueno Bank

El Ministerio Público ha designado a tres fiscales para investigar penalmente las denuncias contra Santiago Peña en el caso Ueno Bank. Las acusaciones incluyen la colocación de fondos públicos en la entidad y los vínculos del exmandatario con compañías del grupo financiero.

La decisión se conoció en un contexto en el que la renuncia de Peña a la Presidencia, ya presentada, está pendiente de tratamiento en el Senado tras la aprobación del juicio político en la Cámara de Diputados. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, abrió una carpeta fiscal mediante la Resolución FGE N.º 4474.

El equipo investigador de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción está compuesto por Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco y Silvia González Vöster, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín. La resolución abarca la denuncia presentada por legisladores el 22 de octubre de 2025 y su ampliación ingresada esta semana.

Los denunciantes cuestionaron la supervisión y resolución de Ueno Bank, así como las colocaciones de recursos estatales en la entidad y la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y otros organismos públicos. Se solicitó investigar presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

La ampliación de la denuncia incluye observaciones sobre las declaraciones juradas de Peña entre 2017 y 2023, su participación en Ueno Holding, ITTI, Credicentro y Banco Basa, y el incremento de su patrimonio. En su declaración de 2023, Peña registró acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones (USD 991.183,89) y un certificado de depósito de ahorro de G. 2.400 millones (USD 396.000) en Ueno.

La denuncia también menciona a autoridades y exautoridades del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS), de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), entre otros. La Fiscalía deberá verificar operaciones detectadas por el BCP durante 2026, que advirtió excesos de Ueno con empresas vinculadas desde enero.

El 16 de junio, la Superintendencia de Bancos consideró regularizada la situación de Ueno tras la venta de una cartera de tres firmas a Vinanzas SA por USD 74,4 millones, operación financiada con préstamos del propio banco. Sin embargo, el 29 de junio, se advirtió un déficit de solvencia, y el 5 de agosto, un área técnica calificó la venta de cartera como una “operación prohibida”.

El sumario administrativo contra Ueno comenzó el 24 de septiembre y, el 7 de octubre, el presidente del BCP comunicó al Senado que el exceso estaba subsanado. La presentación también cuestionó decisiones que permitieron el aumento de los recursos del IPS depositados en Ueno, que pasaron de G. 80.000 millones (USD 13,2 millones) a más de G. 2 billones (USD 329,9 millones).

El BCP ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank al detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del mínimo requerido. La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes y administraba entre USD 800 millones y USD 850 millones de fondos públicos, lo que derivó en protestas en Asunción. En respuesta, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó, autorizando un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos.