Amplían la acusación contra petroleras que exploran hidrocarburos cerca de Malvinas

El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación contra las petroleras que realizan actividades hidrocarburíferas cerca de las Islas Malvinas, incorporando a Rockhopper Exploration PLC, dos de sus subsidiarias y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Estas empresas se suman a Desire Petroleum Limited, que ya estaba bajo investigación tras una denuncia del Gobierno argentino.

El expediente se tramita en el Juzgado Federal N°11, subrogado por el juez Ariel Lijo. Entre las medidas solicitadas, Stornelli pidió exhortos al Reino Unido e Israel para conocer la composición societaria de las compañías y determinar eventuales relaciones comerciales entre ellas.

La Fiscalía busca establecer si las actividades de búsqueda y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas podrían constituir delitos según la legislación nacional. Además de las infracciones relacionadas con la actividad hidrocarburífera, se investigarán posibles delitos ambientales, infracciones aduaneras o lavado de activos.

Como parte de las pruebas, el fiscal solicitó a la Secretaría de Energía los expedientes vinculados con resoluciones sancionatorias previas contra las compañías, así como documentación de Cancillería e información sobre actuaciones ambientales y de fuerzas federales relacionadas con estas actividades.

Los antecedentes de las petroleras se remontan a 2012, cuando la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Desire Petroleum en la plataforma continental argentina. En 2013, se inhabilitó a la empresa por 20 años para desarrollar actividades en el país, debido a que utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas sin contar con autorización argentina. Rockhopper también había sido objeto de resoluciones administrativas por actividades de exploración y explotación en la zona.

La Fiscalía busca profundizar en la hipótesis de que, a pesar de las sanciones y cambios en las estructuras societarias, las empresas continuaron utilizando permisos para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la zona próxima a las Malvinas.

La investigación se basa en la Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915, que establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración de hidrocarburos sin autorización de la autoridad argentina. Las penas para la exploración no autorizada oscilan entre cinco y diez años de prisión, además de multas y la inhabilitación para desarrollar actividades comerciales.

La ampliación de la causa se produce en un contexto de creciente judicialización en torno al proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Recientemente, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que prohíbe a las compañías avanzar con tareas vinculadas al proyecto mientras se analiza un planteo ambiental ante la Justicia argentina. Las empresas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas, mientras que el Reino Unido respalda estas actividades y rechaza la jurisdicción argentina sobre las operaciones.