Alerta en Economía: el proyecto de discapacidad del Gobierno tendría un costo de hasta $1,2 billones anuales

La Cámara de Diputados se prepara para una semana de tensión, con una sesión programada para el jueves que incluirá el tratamiento del DNU 70/2023 y proyectos sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad, así como medidas para aliviar la situación de los endeudados. En este contexto, el bloque de La Libertad Avanza ha presentado proyectos de ley relacionados con la morosidad y la discapacidad, obteniendo dictámenes de mayoría.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ha estimado que el dictamen de mayoría sobre discapacidad podría incorporar 200.000 nuevos titulares de pensiones, generando un costo fiscal anual de hasta $1.209.567 millones. Este proyecto propone un régimen permanente de políticas públicas en lugar de prorrogar la emergencia vigente hasta fines de 2026, como sugiere la oposición.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3,66 billones para mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de los cuales cerca del 16,4% se destinaría a la incorporación gradual de beneficiarios. La OPC ha elaborado dos escenarios para medir el esfuerzo fiscal de la iniciativa. El primer escenario prevé un aumento gradual de 16.800 personas por mes durante 2027, con un costo estimado de $598.912 millones, equivalente al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI). El segundo escenario asume que todos los nuevos beneficiarios recibirán la prestación durante el ejercicio 2028, alcanzando un desembolso anual de $1.209.567 millones, lo que representaría el 0,07% del PBI.

Actualmente, 1.678.715 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, de las cuales 435.270 ya reciben una pensión no contributiva por invalidez laboral. El dictamen establece una pensión para quienes acrediten discapacidad mediante el CUD, manteniendo su compatibilidad con empleo formal y actividades registradas, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro punto en discusión es la frecuencia de actualización del arancel del Sistema de Prestaciones. Mientras el oficialismo propone una actualización trimestral, el bloque libertario aboga por una mensual. Aliados que firmaron “en disidencia” exigen una redacción más clara que garantice la actualización mensual por inflación y la presentación de las partidas presupuestarias concretas destinadas al sector. Martín Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a exhibir esas partidas y a introducir modificaciones adicionales al texto.

Desde el Ministerio de Economía, se ha manifestado desacuerdo con lo negociado en el dictamen, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad del ajuste al sistema de discapacidad dentro del Presupuesto 2027. Según el informe, el dictamen no generaría gastos adicionales para los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, manteniendo una obligación ya establecida en la legislación vigente, que actualmente se calcula en $278.323 millones como compensación pendiente para esos prestadores.