Ajuste en Discapacidad: el Gobierno da de baja pensiones por invalidez

La Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud ha dejado sin efecto la restitución de un grupo de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, las cuales habían sido reestablecidas en 2025 por orden judicial. Esta medida afecta a los titulares que, a pesar de haber sido notificados de la suspensión de su beneficio, no presentaron la documentación necesaria para acreditar su derecho.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 3702/2026, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Diego Pablo Masaragian. Los beneficiarios afectados están listados en un anexo de la norma.

La decisión se origina en auditorías realizadas por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para verificar la vigencia de las condiciones que justificaron cada pensión. Como resultado de estos controles, se suspendieron los beneficios de aquellos que no cumplían con las causales establecidas en la reglamentación.

Las suspensiones llevaron a acciones judiciales. En septiembre de 2025, el Juzgado Federal de Catamarca N° 2 dictó una medida cautelar que ordenó restablecer las pensiones en esa provincia, pagar los haberes retenidos y detener las auditorías. En octubre, esta cautelar fue extendida a nivel nacional, obligando a la ANDIS a restituir todas las pensiones suspendidas en un plazo de 24 horas.

En cumplimiento de esta orden, la ANDIS emitió la Resolución 13.901/25, que restableció los pagos. Sin embargo, tras una sentencia favorable a los demandantes en noviembre de 2025, la ANDIS apeló y, el 12 de febrero de este año, la Cámara Federal de Tucumán revocó el fallo.

Con este respaldo, la Subsecretaría de Políticas de Accesos y Apoyo revisó la situación de los titulares que habían recuperado el beneficio, identificando a aquellos que no habían presentado la documentación requerida. Para estos beneficiarios, la restitución queda sin efecto.

A pesar de esto, se abre una vía para recuperar la pensión. Los afectados tendrán 60 días corridos desde la notificación para solicitar la rehabilitación, presentando documentación médica actualizada, la renovación de sus datos personales o antecedentes que acrediten su derecho. Los trámites podrán realizarse en las oficinas de atención de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI habilitadas, a través del formulario de consultas del Ministerio de Salud, por la plataforma Trámites a Distancia (TAD), o por correo electrónico.

Las áreas técnicas de la Secretaría evaluarán cada presentación para decidir sobre la rehabilitación del beneficio. Además, se podrán presentar recursos administrativos contra la medida dentro de los 20 o 30 días de notificada, según el caso. La norma, que fue comunicada a la ANSES, rige desde su publicación.