Roger Mariaca: ascenso y caída del fiscal general de Bolivia

Roger Rider Mariaca Montenegro, quien hasta hace poco era considerado uno de los hombres más poderosos de Bolivia, fue detenido el 30 de septiembre en el aeropuerto Viru Viru, tras un vuelo de Sucre a Santa Cruz de la Sierra. Su arresto se produjo dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyera en una lista de personas a las que se les revocaba la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Con solo 38 años, Mariaca había tenido una carrera meteórica, pasando de ser un abogado independiente a fiscal general del país. Se graduó en la universidad pública de Santa Cruz y acumuló experiencia como docente y fiscal departamental. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por episodios controvertidos, incluyendo su defensa de la familia Candia-Castedo, acusada de narcotráfico, y su gestión en casos de alto perfil como el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En 2024, Mariaca se postuló para el cargo de Fiscal General del Estado, el cual se elige por votación en la Asamblea Legislativa. A pesar de no ser el favorito, logró obtener el apoyo necesario, aunque su elección estuvo rodeada de acusaciones de corrupción y compra de votos. Afirmó que su cargo representaba un compromiso con la justicia, en un contexto de crisis interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido gobernante.

Su gestión fue objeto de críticas y alabanzas, con detractores que lo acusaban de corrupción y protección a narcotraficantes, mientras que sus aliados lo reconocían con distinciones. En los últimos dos años, recibió al menos 25 homenajes, lo que generó suspicacias sobre la naturaleza de estos reconocimientos.

El punto de inflexión en su carrera llegó cuando se convirtió en una figura incómoda para el Gobierno de Rodrigo Paz, especialmente tras las investigaciones que involucraban a su asesor principal, Fernando Cerimedo, acusado de varios delitos. Tras la revocación de su visa por parte de Estados Unidos, Mariaca vinculó esta medida con las investigaciones que llevaba a cabo contra Cerimedo.

Su detención fue considerada ilegal por su defensa, ya que no había una orden de captura. Junto a él, otros tres fiscales fueron arrestados, y se reportó el secuestro de 420 mil dólares en efectivo. El Gobierno lo acusa de haber montado una “organización criminal” en la Fiscalía, destinada a proteger el narcotráfico en el país.

La caída de Mariaca plantea interrogantes sobre la red que se investiga y quiénes más podrían estar involucrados. Como advirtió un vocero del gobierno, “esto recién comienza”.