Reino Unido prorrogó por cinco años las licencias petroleras en Malvinas

La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias petroleras vigentes para actividades offshore, una decisión respaldada por el Gobierno del Reino Unido. Esta medida se da en medio de una renovada disputa con Argentina por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

La extensión de las licencias incluye la posibilidad de sumar otros dos años, siempre que las compañías cumplan con los programas de trabajo acordados. Actualmente, las licencias se encuentran en etapa de exploración.

Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña a cargo de Comercio, Industria y Recursos Minerales, afirmó que “estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”. La funcionaria destacó que consideran que se trata de recursos que deben desarrollar.

La decisión es especialmente relevante por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Este emprendimiento ingresó en fase de desarrollo a fines de 2025, con proyecciones para comenzar la extracción de crudo en marzo de 2028.

En paralelo, la administración isleña autorizó a una subsidiaria de Navitas a adquirir una participación del 65% en PL001, un bloque petrolero ubicado junto a Sea Lion, buscando acelerar la evaluación y el desarrollo de esa área. Otras compañías como Borders & Southern, Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI también cuentan con licencias exploratorias.

La ampliación de los permisos se produce mientras el Gobierno argentino intensifica las medidas administrativas y judiciales contra las empresas vinculadas a estas actividades. La Cancillería argentina rechazó las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional, sosteniendo que las licencias concedidas por las autoridades británicas carecen de validez.

Además, la Justicia Federal argentina intervino sobre Sea Lion, dictando una medida cautelar que ordena a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras destinadas a poner en funcionamiento el proyecto petrolero. Esta medida fue solicitada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.

Por su parte, el Reino Unido rechazó la jurisdicción argentina sobre las empresas que operan en las islas y respaldó las actividades económicas autorizadas por la administración isleña. Argentina, que mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sostiene que las acciones unilaterales vinculadas con los recursos naturales contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas.