Malvinas: el lunes vence el ultimátum y el Gobierno prepara un pedido al Tribunal del Mar para frenar Sea Lion

El gobierno de Javier Milei se prepara para abrir una nueva instancia en la controversia con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El próximo lunes vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte.

A partir de entonces, la Cancillería buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar disponga medidas provisionales para evitar que el emprendimiento avance antes de que comience la extracción de crudo, proyectada para 2028. La presentación aún no tiene una fecha definida, pero se inscribe en el procedimiento anunciado por el Gobierno el 28 de septiembre y podría derivar en una primera resolución durante noviembre.

La distinción jurídica es central: la Argentina no puede ordenar por sí misma la paralización de Sea Lion. El objetivo oficial es pedir la intervención de una instancia internacional que, tras escuchar a las partes y evaluar los fundamentos, pueda dictar medidas provisorias, imponer restricciones o rechazar el planteo.

La estrategia combina dos vías: el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la conformación de un tribunal arbitral, y una intervención previa del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, que puede resolver pedidos urgentes mientras se constituye aquel órgano. El trámite de las medidas provisionales es más veloz, por lo que concentra las expectativas inmediatas del Gobierno.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el país notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje previsto en la CONVEMAR y advirtió que quienes exploren o exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina deberán enfrentar consecuencias.

El vencimiento del ultimátum constituye un hito diplomático, pero no activa de manera automática la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Argentina deberá presentar el pedido, exponer sus fundamentos y demostrar la urgencia de las medidas solicitadas, reguladas por el artículo 290 de la CONVEMAR.

Los argumentos argentinos apuntarán al carácter no renovable de los hidrocarburos y los efectos de las perforaciones sobre el lecho y el subsuelo marino. Si los jueces admitieran el pedido, podrían ordenar medidas para impedir que el proyecto avance mientras se tramita el arbitraje.

El caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012, es un antecedente que el Gobierno considera relevante. En esa ocasión, la Argentina promovió un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y pidió medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, logrando la liberación del buque.

El proyecto Sea Lion, que se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, ya tiene inversiones comprometidas y su primera producción está prevista para el primer trimestre de 2028. Las compañías a cargo son Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

La estrategia de la Cancillería se apoyará en tres ejes: la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR sobre espacios marítimos y recursos, y la exigencia de evitar modificaciones unilaterales mientras no se resuelva el conflicto. La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

El anuncio oficial coincidió con la elección de la jurista argentina Frida María Armas Pfirter como vicepresidenta del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, aunque su presencia no anticipa ventajas procesales. La discusión inmediata se concentra en el vencimiento del plazo concedido al Reino Unido y la presentación del pedido para que el Tribunal evalúe medidas provisionales.