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Malvinas: el Gobierno intimó al Reino Unido por el proyecto de explotación de petróleo
El Gobierno argentino intimó al Reino Unido a frenar el proyecto Sea Lion en un plazo de dos semanas y comenzará un procedimiento de arbitraje en la ONU.
El Gobierno argentino intimó al Reino Unido para que frene en un plazo de dos semanas las operaciones del proyecto de explotación de hidrocarburos denominado “Sea Lion”. Además, anunció el inicio del procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En un comunicado de la Oficina del Presidente, se destacó que la Cancillería y los equipos jurídicos comenzarán este proceso con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte”. El documento, firmado por el presidente Javier Milei, establece que, de no cumplirse el requerimiento en el plazo fijado, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental.
Esta intimación fue cursada oficialmente al Reino Unido y representa un escalón significativo en el reclamo argentino desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre. El texto presidencial también rechaza categóricamente la respuesta británica a las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
El comunicado sostiene que ni la denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” ni el referéndum unilateral de 2013, donde el 99,8% de los votantes eligió permanecer bajo administración británica, alteran la existencia de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. Argentina sostiene que este pleito debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, conforme al mandato de los organismos internacionales.
Además de la intimación, el mandatario ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, tras detectar operaciones en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas realizadas sin autorización de las autoridades argentinas. El Ejecutivo también instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes.
El respaldo jurídico del reclamo argentino se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas y exhorta a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica. La Resolución 31/49 insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso.
Argentina argumenta que la explotación de recursos naturales en esas zonas viola ambas resoluciones y produce “un perjuicio irreversible e irreparable” a sus derechos de soberanía. El marco legal invocado incluye la CONVEMAR, que establece que la plataforma continental de un Estado ribereño se extiende más allá de su mar territorial, pudiendo alcanzar hasta 350 millas marinas desde las líneas de base.
La escalada diplomática se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que Londres está preparado para defender militarmente las Malvinas ante una eventual acción argentina, destacando que “esto no es 1982” y que los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas.
La respuesta británica también incluyó la confirmación de que los cazas Typhoon desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves de mayor capacidad operativa a fines de noviembre de 2027. Por su parte, la explotación impulsada por el consorcio Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum podría generar USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según cálculos de Londres.
En el plano judicial local, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya ordenó que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. Simultáneamente, la Cancillería argentina avanza en gestiones ante Estados Unidos para que evalúe una mediación, lo que requeriría la aceptación del Reino Unido.
Fuente: Infobae