Las dos investigaciones por lavado de dinero que deberá enfrentar Flávio Bolsonaro tras perder el balotaje en Brasil

Flávio Bolsonaro, quien perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, se enfrenta a dos investigaciones por lavado de dinero en el Supremo Tribunal Federal (STF). Su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Flávio, lo deja expuesto a estas causas sin la protección que le habría brindado la presidencia.

Los presidentes brasileños no pueden ser responsabilizados durante su mandato por actos anteriores a la investidura, lo que significa que Flávio ahora deberá enfrentar las investigaciones sin el amparo del cargo. A pesar de su derrota, Flávio no reconoció el resultado electoral y acusó al juez del STF, Cristiano Zanin, de alterar las reglas al ampliar el horario de votación, aunque esta posibilidad fue descartada por magistrados del Tribunal Superior Electoral y del STF.

Flávio, senador desde 2019, dejó su carrera parlamentaria para postularse a la presidencia, respaldado por su padre, Jair Bolsonaro, quien se encuentra inhabilitado y condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La primera investigación se centra en la financiación de la película Dark Horse, sobre la vida de Jair Bolsonaro. En mayo, The Intercept Brasil publicó audios en los que Flávio solicita al banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, 134 millones de reales (USD 24 millones) para producirla. Vorcaro transfirió al menos 61 millones de reales (USD 11 millones) a un fondo en Estados Unidos, administrado por personas vinculadas al abogado de Eduardo Bolsonaro, hermano del senador. El ministro del STF, André Mendonça, autorizó en julio a la Policía Federal a investigar a Flávio por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, sospechando que parte del dinero llegó a cuentas estadounidenses ligadas a la familia Bolsonaro y fue utilizado para beneficio personal. Flávio admite haber solicitado los fondos, pero sostiene que se trataba de un patrocinio privado, sin involucrar dinero público. Vorcaro se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2025.

La segunda causa involucra a Willer Tomaz, abogado y amigo de Flávio, señalado por la policía como operador de empresas con movimientos sospechosos relacionados con apuestas deportivas. Al acceder a sus comunicaciones, los agentes encontraron correos que indican que Flávio tenía amplios permisos en una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, empresa del abogado. La Policía Federal envió el caso al STF el 18 de octubre. Flávio ha calificado esta investigación como falsa y él y Tomaz niegan haber compartido una cuenta, reconociendo solo su amistad. La defensa de Flávio sostiene que no está siendo investigado formalmente, ya que las actuaciones aún no se han convertido en un sumario formal.

El Ministerio Público de Río de Janeiro ya había denunciado a Flávio en noviembre de 2020 por organización criminal, peculato, lavado de dinero y apropiación indebida, por emplear a allegados como funcionarios fantasma en su gabinete y quedarse con parte de sus sueldos. La acusación sostenía que el dinero se blanqueó a través de una tienda de chocolates y operaciones inmobiliarias en efectivo. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia anuló en noviembre de 2021 las decisiones que levantaron el secreto bancario y fiscal de los investigados, y el Tribunal de Justicia de Río archivó la denuncia en mayo de 2022.

Entre los empleados mencionados estaban la madre y la esposa de Adriano da Nóbrega, excapitán de la unidad de élite de la Policía Militar de Río, señalado por el Ministerio Público como jefe de una milicia. Nóbrega fue abatido por la policía en febrero de 2020. Flávio atribuyó las contrataciones a su asesor Fabrício Queiroz y niega vínculos con milicias.

El STF resolvió el 11 de marzo de 2025 que los parlamentarios siguen siendo juzgados por ese tribunal después de dejar el cargo si el delito ocurrió en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, aún no hay una decisión pública sobre si esta resolución se aplicará a los casos de Dark Horse y de Tomaz, que ocurrieron cuando Flávio ya era senador. Si no se aplica, los casos pasarían a primera instancia.