La ONU alertó sobre el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua

La ONU ha emitido una alerta sobre el deterioro de los derechos humanos y la extensión de la represión en Nicaragua, ocho años después del inicio de la crisis política que siguió a las protestas de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega. Este lunes, 21 de septiembre, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos que evalúa la situación de las libertades fundamentales entre junio de 2025 y junio de 2026.

El informe sostiene que Nicaragua enfrenta un deterioro sostenido de los derechos humanos, ya que el Gobierno ha concentrado el control institucional, silenciado a opositores y críticos, y reducido los espacios cívico, político y religioso. Durante el período analizado, no se registraron votos disidentes en la Asamblea Nacional, lo que evidencia la falta de pluralismo político. La directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, destacó que el partido gobernante controla las 153 municipalidades del país.

La delegación de Nicaragua no participó en la sesión del Consejo, tras abandonar el organismo en 2025, al igual que Estados Unidos e Israel. Kohonen vinculó los signos de represión con el silenciamiento de opositores y reformas institucionales aprobadas el año pasado, que subordinan los órganos de control y otorgan a la Presidencia la facultad de nombrar al Procurador General de Justicia.

Además, la reforma constitucional propuesta y aprobada el 1 de septiembre profundiza esta tendencia al incorporar prohibiciones amplias de participación política, excluyendo aún más a la oposición. La oficina documentó el cierre de 56 medios de comunicación y la cancelación de 5.539 organizaciones desde 2018, así como hostigamientos contra integrantes de la Iglesia católica, con más de la mitad de las diócesis sin obispo debido al exilio de sus titulares.

El organismo registró al menos 35 detenciones arbitrarias durante el período estudiado y calificó de “especialmente alarmante” el aumento de muertes de personas bajo custodia estatal, con al menos cuatro casos denunciados, incluido el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera. Kohonen reiteró el llamamiento a Nicaragua para que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, ponga fin a las prácticas de represión y reanude su cooperación con los mecanismos regionales y de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.