La CIDH ordenó proteger a la abogada nicaragüense Thelma Montenegro, presa e incomunicada desde agosto

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a la abogada opositora Thelma del Rosario Montenegro Centeno, de 54 años, al determinar que su vida y su integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua. El organismo ha solicitado al Estado que revele su paradero y las condiciones de su detención.

Montenegro se encuentra bajo custodia estatal sin información oficial sobre su ubicación o estado de salud. Desde su arresto, ha permanecido incomunicada, sin visitas de familiares ni allegados. La CIDH ha señalado que el régimen nicaragüense no respondió a su solicitud de información durante el procedimiento.

La resolución exige a Nicaragua proteger la vida, la integridad y la salud de Montenegro, así como garantizar el contacto regular con sus familiares y representantes legales. La abogada fue detenida inicialmente el 19 de agosto al acudir a la delegación policial de Santa María de Pantasma, en Jinotega, para renovar su licencia de conducir. Tras ser liberada el 22 de agosto, fue arrestada nuevamente en su domicilio y se encuentra privada de libertad desde el 23 de agosto.

Su familia fue informada el 25 de agosto sobre su traslado a Managua, pero no hay información pública sobre cargos formales en su contra. Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo Nicaragua Nunca Más han denunciado su situación de detención arbitraria y desaparición forzada.

Montenegro es notaria pública y defensora de derechos humanos, y ha trabajado en la denuncia de la impunidad por los asesinatos de varios familiares, ocurridos en el contexto de la represión contra opositores. Su hermano Oliver fue asesinado en enero de 2019, y otros familiares también han sido víctimas de violencia y detenciones.

Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018, con protestas que dejaron alrededor de 300 muertos, según la ONU. La situación se ha agravado tras las elecciones de noviembre de 2021, donde el presidente Daniel Ortega fue reelegido en un contexto de represión a la oposición.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha atribuido al régimen al menos ocho muertes de detenidos desde 2018, y ha documentado 161 casos de desaparición forzada. La Asociación Memoria y Justicia ha contabilizado 68 presos políticos, de los cuales 31 se encuentran en situación de desaparición forzada, incluyendo a Montenegro.

Las medidas cautelares de la CIDH buscan prevenir un daño irreparable mientras se examina la situación, aunque no determinan si ha habido una violación de derechos. Si el Estado ignora estas medidas, la CIDH puede solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana.