Jair Bolsonaro volvió a pedir al Supremo Tribunal anular su condena por golpismo

El expresidente Jair Bolsonaro solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) la anulación de su condena por golpismo mediante una nueva revisión criminal. La defensa presentó el recurso el 25 de septiembre, pidiendo una medida cautelar que detenga la ejecución de la condena y permita a Bolsonaro salir de la prisión domiciliaria mientras se resuelve el planteo.

El caso está a cargo del magistrado Kassio Nunes Marques, quien ya había intervenido en otra revisión presentada por los abogados del exmandatario en mayo. La defensa argumenta que ambas acciones cuestionan la condena por la tentativa de golpe de Estado.

En su nueva presentación, los abogados pidieron la anulación de decisiones que originaron investigaciones en el marco del inquérito de las noticias falsas. Sostuvieron que, si el Supremo acepta el pedido, debería invalidar las pruebas obtenidas y los testimonios recogidos desde mayo de 2025. También solicitaron reabrir la etapa de producción de pruebas.

El recurso se apoya en un informe técnico que señala problemas en la verificación de la cadena de custodia de algunas pruebas digitales utilizadas en el juicio. Aunque el informe no sostiene que las pruebas hayan sido adulteradas, la defensa argumenta que la falta de acceso a ciertos datos impidió comprobar la integridad de los archivos desde su obtención hasta su incorporación al proceso.

Los abogados enfatizaron que no buscan un segundo juicio, sino que presentan la revisión por hechos y pruebas nuevas, argumentando que mantener la condena de Bolsonaro sería una grave injusticia. Entre los elementos cuestionados se encuentran mensajes de la aplicación Signal extraídos de los teléfonos del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro.

La defensa también destacó que no recibieron los archivos originales de la extracción realizada en el teléfono de Bolsonaro, lo que les impidió auditar el material y verificar su contenido completo. Además, argumentaron que el proceso vulneró el principio acusatorio, ya que recibieron parte de las pruebas pocas horas antes de la instrucción, que se extendió durante cerca de dos semanas.

Para reforzar su argumento, la defensa citó debates recientes en el STF sobre el acceso a datos digitales en otros casos, sugiriendo que el expresidente fue incluido en el inquérito de las noticias falsas sin que la decisión pasara por el pleno del tribunal, lo que, según ellos, incumplió el reglamento interno del STF.